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Aumento del sueldo mínimo: ¿cuáles serían los efectos y bajo qué criterios se debería aplicar?

Para la segunda quincena de enero se discutirá en el Consejo Nacional del Trabajo (que congrega a empresarios, trabajadores y entidades del sector público) el aumento de la remuneración mínima vital (RMV), que hoy se encuentra en S/ 930, según la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

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Fecha Actualización
Para la segunda quincena de enero se discutirá en el Consejo Nacional del Trabajo (que congrega a empresarios, trabajadores y entidades del sector público) el aumento de la remuneración mínima vital (RMV), que hoy se encuentra en S/ 930, según la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.
Pero ¿cuáles serán los efectos de esta posible medida?, para Eric Castro, socio de Miranda & Amado, y Luis Santa Cruz, consejero del mismo estudio, el principal impacto será el incremento de la informalidad, ya que no afectará a las medianas y grandes empresas, que tienen sueldos promedio por encima del mínimo vital, sino a las pequeñas y microempresas.
En el caso de los sectores económicos y regiones en los que el índice de informalidad es alto, el incremento del sueldo mínimo solo desincentiva -abiertamente- el paso a la formalidad, al incrementarse los costos laborales de manera directa”, afirman.
Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, coincide con ello y afirma que las mypes no están en condiciones de afrontar este aumento y que esta iniciativa propiciaría también desempleo y hasta la quiebra de algunas empresas. “No se está en contra de que los sueldos suban, pero hay que tener en cuenta los efectos mediatos, inmediatos, colaterales, laterales y ver si el momento es el más adecuado. Claramente, las mypes no están en condiciones de afrontar este incremento”, asevera.
Además, para los empleadores formales que -por efectos de la pandemia y la situación económica que vive el país vienen teniendo complicaciones para pagar lo establecido legalmente- dicho incremento podría significarles incurrir en incumplimientos o retrasos en los pagos, sostienen Castro y Santa Cruz.
De esta forma, enfatizan que se genera el incentivo perfecto para la contratación de trabajadores fuera de planilla, sin beneficios completos y, de pronto, sin cumplir con otras normas laborales, tales como las de seguridad y salud en el trabajo, lo cual genera mayor informalidad.
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“Beneficio de pocos”
Los especialistas en materia laboral reafirman que el incremento del sueldo mínimo solamente beneficiará a aquellos trabajadores que se encuentran en empresas formales que pagan actualmente el mínimo vital y están en capacidad de asumir este nuevo gasto.
Precisamente, Parodi recuerda que -según las últimas cifras del INEI- el 78% de los trabajadores son informales, por lo que esta disposición no los favorecerá; y que solo el 4% de los trabajadores formales gana S/ 930 y la mayoría trabaja en mypes.
En la mayoría de los sectores económicos el promedio de remuneraciones ya se encuentra por encima del actual mínimo vital, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2020.
En ese sentido, Castro y Santa Cruz opinan que un incremento del mínimo vital no tendría impacto en un gran universo de trabajadores. “El formal no solamente está más expuesto a las revisiones por parte de las Autoridades, también tiene que competir contra las empresas informales que no pagan beneficios completos a sus trabajadores, que no respetan las condiciones laborales mínimas y no realizan contribuciones a la seguridad social”, puntualizan.
Impacto en la generación de empleo
De otro lado, comentan que, si la empresa formal no puede mantener sus nuevos costos laborales, esto limitará la posibilidad de contratación de nuevos trabajadores o se fomentará, de forma indirecta, el despido de aquellos con los que actualmente se cuenta.
El empleador que requiera contratar personal, pero no pueda pagar la nueva remuneración mínima porque no esté dentro de sus posibilidades, procederá a utilizar formas de contratación que se encuentren al margen de la legislación laboral y, por ende, con derechos reducidos o sin derechos laborales”, aseveran.
Parodi asegura que toda la evidencia empírica muestra que un incremento de este tipo no genera más empleo, por el contrario lo espanta. “Las empresas para bajar costos buscan alternativas como tecnificarse un poco más, despedir a sus colaboradores y hacer que los que se quedan trabajen más”, agrega.
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Criterios y foco del Gobierno
De darse este incremento, ¿qué criterios se deben tener para ello? Los abogados señalan que la remuneración mínima, además de satisfacer las necesidades de los trabajadores, debe considerar los niveles de productividad y posibilitar alcanzar y mantener un alto nivel de empleo, por lo que el cumplimiento de su finalidad social debe ir necesariamente de la mano con la finalidad económica.
En efecto, Parodi enfatiza que es clave evaluar el contexto, ya que estamos en medio de una tercera ola del COVID-19 donde muchos negocios, especialmente de turismo, restaurantes, comercio y otros sectores, están vendiendo menos por las nuevas reestricciones sanitarias, la estructura de costo de las empresas y el rubro en el que se desempeña.
El país está en medio de una crisis económica y sanitaria que afecta a todos, en mayor o menor medida; por ello, no es el mejor momento de hacer un ajuste a la remuneración mínima”, remarcan Castro y Santa Cruz.
El economista indica que se debe esperar el cronograma para ver cómo, cuándo y en cuánto aumentará el sueldo mínimo, aunque presume que será a S/ 1,000 -como lo dijo en su oportunidad, el presidente Pedro Castillo- lo que implicaría que las empresas deberán subir el salario a S/ 1,100 para que con los descuentos quede en S/ 1,000.
Plantea que, en este caso, podría darse un aumento escalonado; sin embargo la débil institucionalidad haría que se encuentren mecanismos para evadir esta disposición, es decir que en la práctica no sería efectivo.
Finalmente, en Miranda & Amado recomiendan que, más allá del incremento de sueldo, el Gobierno debería enfocarse en tres elementos: incentivos para la formalización de las empresas (con énfasis en el micro y pequeño empresario); dotar a la inspección laboral de mayores recursos para posibilitar la formalización de las empresas y, por último, revisar medidas que tengan un impacto positivo transversal y que involucre a todos, tales como la mejora del transporte público o la educación.
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