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Según un estudio del Banco Central de Reserva (BCR), el crimen está estrechamente vinculado con la economía de forma directa e indirecta

BCR: La inseguridad ciudadana le cuesta al país al menos 2.2% del PBI al año

Esta estimación incluye únicamente los gastos de las empresas privadas formales en seguridad y los costos incurridos por el gobierno en administración de justicia. No considera los costos indirectos derivados de la pérdida de ingresos de los individuos como consecuencia de la victimización.

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Los gastos de las empresas privadas formales en seguridad, que llega alrededor de 1.5% del producto, y los costos incurridos por el gobierno en administración de justicia vinculados a delitos penales, servicios policiales y administración penitenciaria, que llega aproximadamente a 0.7% del PBI
Fecha Actualización

Hoy, Lima amaneció con un paro de transportistas motivado por la creciente inseguridad ciudadana, que recientemente cobró la vida de tres choferes, una tragedia incalculable. Esto no solo paralizó a un grupo de transportistas, sino que también impidió que muchos trabajadores de otros sectores llegaran a tiempo a sus centros laborales, algunos de ellos enfrentando retrasos y otros asumiendo costos adicionales. 

MIRA: Choferes de empresas de transporte público hacen plantón para exigir mayor seguridad

Esta es solo una de las tantas maneras en que la inseguridad ciudadana impone costos sobre la economía.

Según un estudio del Banco Central de Reserva (BCR), el crimen está estrechamente vinculado con la economía de forma directa e indirecta. La autoridad monetaria argumentó que entre los efectos directos se encuentran la pérdida de recursos y producción como resultado de hurtos, robos, asesinatos, entre otros; así como los recursos gastados en seguridad tanto pública como privada. 

En cuanto a los costos indirectos, resaltó que estos se ven reflejados en menores oportunidades de empleo, debilitamiento de las instituciones y corrupción del sistema, entre otros.

“La relación entre la delincuencia y el crecimiento económico es bidireccional. Por un lado, el crimen puede reducir los incentivos a invertir, genera distorsiones en el consumo, reduce la productividad y genera costos al fisco. Por otro lado, el crecimiento económico en sí mismo puede ayudar a reducir los incentivos para las actividades criminales al crear más oportunidades económicas legítimas”, sostuvo el BCR.

Costos

Siguiendo la metodología de costos directos observables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el BCR determinó que la inseguridad ciudadana le cuesta al país cada año al menos el 2.2% del PBI. 

Esta estimación como señala la autoridad monetaria es “al menos”, porque incluye únicamente los gastos de las empresas privadas formales en seguridad, que llega alrededor de 1.5% del producto, y los costos incurridos por el gobierno en administración de justicia vinculados a delitos penales, servicios policiales y administración penitenciaria, que llega aproximadamente a 0.7% del PBI.

No obstante, la evaluación no considera los costos indirectos derivados de la pérdida de ingresos de los individuos como consecuencia de la victimización.

Por ejemplo, los delitos impactan sobre el consumo de las personas al generar distorsiones en su toma de decisiones. Según el BCR, como consecuencia de los anterior, los ciudadanos prefieren reducir el consumo de bienes visibles como joyas, por ejemplo, con la finalidad de evitar ser blanco de la delincuencia; y, por otro lado, reasignan su gasto destinándolo más en seguridad privada y alarmas para evitar ser víctimas del crimen.

Beneficios de enfrentar el problema

Resolver el problema mejoraría el bienestar de la sociedad en forma incalculable. Sin embargo, si solo el Perú redujera su tasa de homicidios por año (de alrededor de 8 por cada 100 mil habitantes) al nivel promedio mundial (5 por cada 100 mil habitantes), la tasa de crecimiento potencial del PBI podría aumentar en alrededor de 0.1 puntos porcentuales, según el BCR.

La investigación también concluyó que existen otras dimensiones delictivas como, por ejemplo, las extorsiones a negocios que pueden tener efectos adicionales adversos sobre el producto, que es justamente lo que hoy están sufriendo las mipymes, que representan más del 95% del tejido empresarial. ¿Leerán las investigaciones del BCR la presidenta Baluarte y sus ministros?

 

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