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Coronavirus en Perú: 17 concesionarios solicitaron suspensión de obligaciones debido a la pandemia
De los 32 concesionarios que supervisa el Ositrán, 17 solicitaron la suspensión de sus obligaciones por “causa de fuerza mayor”.
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Un total de 17 empresas concesionarias de infraestructura de transporte han solicitado la suspensión de sus obligaciones por causa de fuerza mayor, informó la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión de las Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano.
Agregó que de los 32 concesionarios que supervisa el Ositrán, solo este grupo de empresas solicitó la suspensión de algunas de sus obligaciones por causa de fuerza mayor; dos de ellas mencionan la pandemia y el resto considera como hecho de fuerza mayor la emisión del decreto de urgencia que declara el estado de emergencia en el país.
La titular del organismo regulador explicó que, teóricamente, un caso de fuerza mayor es un evento extraordinario, impredecible, que a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, coloca al concesionario en una posición de incumplimiento, aun cuando la pandemia entre en esta calificación.
Aclaró que se revisará cada solicitud y que se requerirá que en los alegatos, los concesionarios “acrediten cómo sus obligaciones se han visto impactadas directamente”.
Arbitraje
Respecto a la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia, la presidenta del Ositrán manifestó que, a la fecha, hay la intención de un concesionario de red vial de efectuar un reclamo ante un tribunal arbitral como consecuencia de dicha ley.
Señaló que otros dos concesionarios han indicado que “se reservan el derecho de invocar a cualquier medio contractual previsto en el contrato y que también adoptarán las acciones legales que se consideren". Mientras que otros están instando al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a tomar las acciones necesarias en el caso.
El Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31018, que suspendió el cobro de peajes a nivel nacional. Uno de los argumentos centrales es que la ley aprobada modifica los términos previstos en los contratos de concesión, contraviniendo el artículo 62 de la Constitución.
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