Fonafe y Ceplan en la mira de los candidatos: ¿qué cambios proponen?

Fecha Actualización

09/04/2021 - 19:44

Así como los ministerios, con la creación, eliminación o fusión de algunos de ellos, han cobrado protagonismo en casi todos los planes de gobiernos de los candidatos que se disputan la presidencia del país, también el foco ha estado sobre dos entidades públicas en particular: el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Para el caso del Ceplan, Victoria Nacional (VN) de George Forsyth propone convertirlo en el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, mientras que Juntos por el Perú (JP) de Verónika Mendoza apunta a que forme parte –junto con la Secretaría de Gestión Pública, Servir, OSCE, Secretaría de Integridad y la Secretaría del Gobierno Digital– de una entidad autónoma encargada de la reforma de la administración pública.

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Y, en el caso del Fonafe, Podemos Perú (PP) de Daniel Urresti propone que sea gestionado como un ‘holding’ con la venta del 30% de participación a socios internacionales para pueda recibir un ‘shock’ tecnológico y de innovación que asegure su rentabilidad y sustentabilidad.

MANDATO PREVIO

Integrado por más de 30 empresas públicas de sectores como generación y distribución eléctrica (16); infraestructura y transporte (3); hidrocarburos y remediación (2); agua y saneamiento (1); servicios y producción (6) y financiero (4), el economista Jorge Guillén sostiene que el planteamiento de PP acerca del Fonafe es una “propuesta interesante”.

Pero, también considera que ante este tipo de planteamientos, el problema siempre va a estar en cómo se viabiliza en la realidad lo que los partidos proponen en el papel.

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“Innovación es un concepto amplio que está en boca de todos, pero hay que identificar sus ventajas comparativas y ver en dónde se pueda materializar la propuesta, hay que ser más específicos”, sostiene el también profesor asociado de ESAN.

Y a pesar de considerar que se trata de un planteamiento “viable”, el economista Marcel Ramírez recordó que en julio del 2019, mediante un decreto supremo, ya se regula la participación accionaria del sector privado en las empresas del sector público no financiero bajo el ámbito del Fonafe.

Según la norma aprobada durante el gobierno de Martín Vizcarra, el nivel de participación accionaria de un inversionista del sector privado debe ser –como lo plantea el partido de Urresti– de al menos el 30%.

“Si es viable y ya estaría normado, debería avanzarse en esa dirección”, afirma tajantemente el docente de la Universidad del Pacífico (UP).

¿NUEVO MINISTERIO?

Con relación a la posibilidad de que el Ceplan se convierta –como lo plantea George Forsyth– en el ministerio número 20, bajo el nombre de Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial, José Alejandro Godoy, profesor de la UP, sostiene que “antes de considerarlo un ministerio, se debería fortalecer como entidad”.

De la misma opinión es el docente de la Escuela de Postgrado de la UPC, Henry Rafael, quien tampoco lo considera necesario. Pero el especialista en gestión pública, sí considera “esencial y vital que se estructure una estrategia prospectiva para que, a través de una reestructuración, el Ceplan, recobre su liderazgo multisectorial”.

En esa misma línea, el economista Jorge Guillén también cree que “deberíamos empoderar más a Ceplan para que las propuestas puedan continuar independientemente del gobierno de turno”.

Pero, considerando –como señala Augusto Razuri– que el proceso de planeamiento estratégico y desarrollo territorial en nuestro país “no tiene un nivel adecuado”, el profesor de ESAN sostiene que como parte de las acciones que se deben realizar para salir de la crisis “se debe fortalecer el sistema de planeamiento dentro del Ceplan, así como darle un asiento con voz pero sin voto a su presidente en el Consejo de Ministros”.

Respecto a la propuesta de Verónika Mendoza, quien apunta a que el Ceplan forme parte de una entidad autónoma a cargo de la reforma de la administración pública, Henry Rafael destaca que “existen casi 1,5 millones de trabajadores en el sector público, gozando de plenos derechos, pero sin generar indicadores claros de gestión, eficiencia y calidad; por lo que las propuestas que quieran ensanchar el Estado o, peor aún, cargarlas con más actividades de gestión y ejecución, probablemente traigan más caos, ineficiencia y corrupción estatal”.

Por su parte, Augusto Razuri sostiene que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la institución que lidera la reorganización del Estado y, por ende, debe seguir asumiendo ese liderazgo.

Refiere que aunque hay un “componente político” en la implementación de la Ley Servir debido a que en el Consejo de Trabajo no hay un acuerdo entre trabajadores, empleadores y el Estado, “el Ceplan no tiene la autoridad para ser el eslabón que inicie la transformación del Perú ni para ser la base efectiva y real del presupuesto de la República”.

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