“Mira, Rosa, te voy a hablar por última vez: ¿vas a pagar sí o no? De lo contrario, voy a eliminar este número y voy a empezar a actuar. Más vas a gastar en la funeraria. Solo te estoy pidiendo S/5,000, nada más”. Este es un mensaje que recibió una bodeguera en Comas (Lima), en el que se le exigía el pago de un cupo para evitar que atenten contra su negocio, su vida y la de su familia. Según un estudio de Ipsos, publicado en marzo de este año, el crimen y la violencia son la mayor preocupación de los peruanos, por encima de la corrupción, el desempleo y la pobreza.
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Es que la inseguridad y criminalidad no es algo que solo afecte al peruano de a pie, sino también a cientos de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que quieren salir adelante dando trabajo a más personas. Robos, ataques, extorsiones son solo algunos actos delincuenciales que tienen que afrontar los negocios, sin importar su tamaño, facturación, cantidad de trabajadores, ubicación o sector al cual se dirigen.
Hoy, estas empresas que quieren sobrevivir solamente tienen como opción destinar más recursos para cubrirse de este flagelo, ya sea accediendo al pago de cupos, ya sea contratando seguridad, colocando cámaras, rejas, y alarmas. Todo vale cuando lo que se busca es resguardar un patrimonio y hasta la propia vida.
Una minera, según se conoció, puede gastar entre US$35 millones y US$100 millones al año para evitar ser víctima de actos vandálicos o de mineros ilegales que solo quieren despojarlos del territorio donde operan, con la finalidad de apoderarse de los recursos y sin generar ingresos para el país. Dichos montos son destinados a personal de seguridad, traslados, equipamiento y sistemas que buscan evitar ataques y robos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Giovanni Conetta, detalló que, en el sector educación, se calcula que el porcentaje de la facturación que se destina para seguridad del negocio asciende a 9%; para el rubro de alimentos, alrededor del 10%; mientras que para la industria es de aproximadamente 14%. Esos porcentajes no toman en cuenta lo que algunos negocios tienen que desembolsar en ciberseguridad, cuya inversión se incrementó 30% en el último año.
“En el caso de las empresas pequeñas, como peluquerías, el porcentaje que tienen que destinar para seguridad en general es altísimo, porque hablamos de negocios que no facturan mucho. Por ejemplo, que una de ellas facture S/10,000 mensuales, pero tiene que invertir en alarma, vigilante, rejas; ahí ya se le va mucho dinero. Los que más sufren son esos negocios con ingresos reducidos, que podrían destinar el dinero que gastan en seguridad para otras cosas relacionadas con el negocio, como capacitación del personal o alguna otra actividad”, aseguró.
Un claro indicador del mayor desembolso que se realiza para combatir la delincuencia son las cifras de importación de armas. Según la CCL, entre enero y julio de este año, la compra al exterior de estos productos se incrementó en 18% y sumó US$1.47 millones.
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CEDEN A LA PRESIÓN
La Asociación de Bodegueros reveló que en 2023 alrededor de 2,600 negocios de este tipo cerraron por extorsiones. Este año aún no se conocen las cifras; sin embargo, el presidente del gremio, Andrés Choy, informó que, si bien los números se están reduciendo, esto se debe a que muchos emprendedores han elegido ceder a la presión de los malhechores y pagar por cupos.
“Si estos delincuentes te exigen pagarles S/200 semanales o quincenales, muchas personas ya consideran ese monto como parte de los gastos del negocio. A veces sentimos que trabajamos para la delincuencia, porque esos S/200 podrían ser usados para mercadería”, añadió.
Son aproximadamente 530,000 bodegas las que operan en el país. Las que sufren más por la delincuencia se ubican principalmente en Trujillo y en Piura. En Lima, estos emprendimientos se encuentran principalmente en los distritos de Lima Norte, como Independencia y Comas.
“Son muchos actos los que afectan a las bodegas, como tener que enfrentar a las municipalidades que imponen arbitrariamente ordenanzas; pero, sin duda, los robos y cobros de cupo son los que más nos afectan”, resaltó.
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TAREA PENDIENTE
El representante de la CCL señaló que el problema de inseguridad no se podrá solucionar en un corto plazo, y menos con medidas populistas como declaratorias de emergencia, que no van acompañadas de medidas concretas.
“Si no hay un plan claro, no se va a poder hacer nada. Hace un año se habló de un Plan Boluarte, pero nunca existió. Es un problema esperar que alguien que ha demostrado la capacidad de solucionar, solucione”, agregó.
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