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ISO Antisoborno será útil para minimizar riesgos de corrupción en organizaciones ante efectos de pandemia
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Debido a todos los cambios que la pandemia ha generado en las actividades empresariales, tanto entidades públicas como privadas harían bien en revisar sus procedimientos, en opinión de Nancy Yong, socia líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento.
“El riesgo de soborno cambia antes y después de la pandemia. Ahora, puede haber situaciones de soborno que antes del 15 de marzo no eran tan evidentes. Ahora hay más entes reguladores. Por ejemplo, por las normas sanitarias y protocolos, hay más revisiones laborales. Las probabilidades de tener una sanción aumentan, y esa es una exposición a riesgo de soborno que la institución tiene que prevenir”, explicó.
A propósito de la propuesta de implementar el ISO Antisoborno 37001 en el sector público hacia julio de 2021, comentó que varias entidades públicas ya lo tienen y es algo que les ha ayudado, pero se complementa con otras leyes, como el Decreto Legislativo No. 1352. Esta norma, además del soborno, sanciona varios otros delitos como el lavado de activos y el tráfico de influencias.
“Lo principal es designar un responsable del modelo de prevención y mapear los riesgos de fraude. En la certificación ISO 37001, sería lo que tiene que ver con el soborno. Para implementarla se tiene que evaluar qué situación puede hacer que la persona jurídica sea más vulnerable al riesgo de un soborno”, precisó.
PASOS DE APLICACIÓN Y ALCANCE
La especialista consideró que es un paso saludable para el país que cada vez más entidades públicas lo apliquen porque a nivel mundial también es bien valorado por los organismos multilaterales.
“En la OCDE, el foro del que queremos ser miembros, uno de los principales requisitos para poder acceder es que el país demuestre que está luchando contra la corrupción y eso incluye el soborno”, refirió.
En tanto, Óscar Saco, gerente de Certificación de SGS del Perú, agregó que el ISO Antisoborno apunta a que se establezcan los controles necesarios. El beneficio mayor, comenta, es que la organización muestra evidencia de un interés genuino por controlar, evitar y reducir los casos de corrupción y similares.
“Un ciclo de certificación dura como tres años, pero la idea es que la empresa se quede certificada para adelante porque el objetivo es la mejora continua. El proceso tiene tres etapas; una etapa formativa, de implementación y de certificación. El objetivo de estos procesos no es el certificado, sino la mejora continua de un sistema de prevención”, expresó.
Para Saco, de aplicarse en más entidades estatales, convendría definir alguna instancia que se encargue de auditar estos procesos.
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