Nuevo cálculo de tarifas de agua traería 300 mil nuevos pobres

Fecha Actualización

11/06/2024 - 08:11

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emitió el Decreto Legislativo N.° 1620 a finales del año pasado que, entre otros planteamientos, modifica la metodología de cálculo de las tarifas de agua en el país.

Si bien la norma está pendiente de su reglamentación, el organismo regulador del sector, Sunass, ha advertido que dicho cambio generará un crecimiento importante en los precios por consumo de agua, que afectará a la población más vulnerable de caer en pobreza.

Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass, afirmó a la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso que, según cálculos de los economistas de su representada, la norma como ha sido aprobada generará alrededor de 300 mil nuevos pobres, en las 15 regiones que están bajo su ámbito de regulación: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna, Lima Metropolitana y el Callao.

“Existe una población importante que está muy cerca de la línea de pobreza. Por lo tanto, impactos o shocks sobre la capacidad de gasto de esa población (a causa de un incremento significativo de las tarifas de agua) puede llevarlas a pasar de no pobre a pobre”, aseveró Gutiérrez.

IMPACTO EN PRECIOS

Gutiérrez indicó que, si se toma en cuenta como ejemplo a una familia promedio que consume 15 metros cúbicos de agua, en el caso de Sedapal, de aplicarse la norma, la facturación de dicha familia pasaría de S/65.3 a potencialmente S/128, es decir, un incremento de 97%.

En el caso de Sedalib, en la Libertad, al mismo nivel de consumo, la facturación pasaría de S/75.6 a S/128.1.

En el resto de las localidades de Trujillo, el precio promedio pasará de S/58.7 a S/128.1, un incremento de 118%.

METAS

El funcionario destacó que la nueva metodología tarifaria no contempla el cumplimiento de metas para el incremento de tarifas, que en la actualidad ocurre.

Mencionó que estas metas están asociadas tanto con la mejora de la calidad del servicio como con las inversiones que deben realizar las empresas prestadoras del servicio de saneamiento (EPS) para mejorar su prestación.

Además, permite a las EPS incluir multas en la determinación de la tarifa, con lo cual, en vez de mejorar, empeora la situación de los ciudadanos.

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