POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES
Boluarte anunció, en su mensaje a la Nación de casi cinco horas, la creación del Ministerio de Infraestructura. Nunca lo hizo con la intención de aligerar la burocracia; solo quería seguir aumentándola. Así, la propuesta fue duramente cuestionada por expertos, debido a que únicamente representa una expansión innecesaria del Estado, lo que se traduciría en mayor burocracia y gasto en planilla.
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Según Gabriela Llontop, analista de Contribuyentes, fuera de otros obstáculos y externalidades negativas, “la creación de esta cartera representaría un costo administrativo adicional de aproximadamente S/169 millones anuales para los contribuyentes, monto que excluye los costos operativos derivados de la gestión de programas y proyectos de infraestructura”.
Debemos recordar que, actualmente, aunque el crecimiento económico es débil, el Gobierno peruano quiere cargar a la clase media con más impuestos, solo para dedicarlos a gasto corriente y gasto en planilla. Hoy en día, 7 de cada 10 soles de nuestros impuestos sirven solo para mantener la burocracia estatal, no para proyectos de inversión pública o programas sociales, partidas en las cuales las diversas entidades estatales o devuelven el dinero o lo malgastan.
Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) establece que la creación indiscriminada de ministerios sin sustento técnico genera cambios innecesarios en la estructura de la administración pública, hecho que refleja falta de planificación y, a su vez, originaría costos significativos sin aportar valor real. A esto se suma que el nuevo Ministerio de Infraestructura generaría duplicidad de funciones porque absorbería tareas que ya llevan a cabo entidades como Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o Agro Rural, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
De acuerdo con la economista principal de la Asociación de Contribuyentes, Camila Costa, la creación de esta cartera también es sinónimo de fragmentación del sistema de infraestructura en el país, ya que no se conoce qué relación tendría el Ministerio de Infraestructura con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual se encarga de la asignación presupuestaria para proyectos de inversión.
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“Sin una coordinación efectiva entre el nuevo ministerio y el MEF, existe un alto riesgo de que las decisiones de inversión se politicen, lo que podría llevar a una asignación ineficiente de los recursos y a la perpetuación de problemas estructurales en la ejecución de obras públicas”, sentenció.
En la misma línea, la experta señaló que “la creación de un nuevo ministerio podría desviar la atención de las reformas estructurales necesarias para mejorar la gestión de la infraestructura pública en el Perú”. Por ello, sugiere que, en lugar de seguir expandiendo el aparato estatal, la solución más eficiente para cerrar la brecha de infraestructura en el Perú radica en la simplificación de los trámites administrativos y en la promoción de la inversión privada.
“La excesiva intervención estatal ha demostrado ser ineficaz para resolver los problemas de infraestructura; por el contrario, ha creado un entorno cada vez más complicado para los inversionistas”, culminó.
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