Proponen eliminar los créditos ‘gota a gota’

Por esta razón, el congresista Illich López, de la bancada de Acción Popular, presentó el proyecto: “Ley que elimina los créditos por extorsión gota a gota”, que propone modificar el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva (BCR) para que deje fijar tasas de interés máximas a los créditos, dejándole al BCR esta facultad solo de manera excepcional y temporal cuando requiera regular el mercado.

Además, la iniciativa plantea que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sea la que vigile y supervise que las tasas se determinen por la competencia, procediendo a sancionar y denunciar ante el órgano competente a las entidades financieras que contravengan esta disposición.

Para el exjefe de la SBS Juan José Marthans es urgente retroceder en la fijación de topes a las tasas de interés, debido a que el BCR ha demostrado tanto estadística como cuantitativamente que esta política discrimina a los segmentos de la pequeña empresa como a los de consumo que demandan microcréditos; además, de poner sus vidas en peligro al empujarlos al crédito informal como el ‘gota a gota’.

“Se debe hacer una profunda investigación a los congresistas que promovieron los topes a las tasas”, dijo Marthans.

Para Sergio Barboza, especialista en derecho financiero, socio de DLA Piper, la medida es necesaria e impostergable. Esto debido a que la Ley 31143 (Ley que protege de la usura a consumidores de servicios financieros) que, entre otros aspectos, incorporó límites a las tasas de interés en el sistema financiero para créditos de consumo y MYPE, “ha sido absolutamente nefasta ya que ha generado exclusión crediticia y mayor informalidad.

“La evidencia es abundante; solo entre mayo y diciembre de 2021, la Ley 31143 impactó negativamente en 226 mil clientes, de los cuales 127 mil fueron excluidos de la cartera de créditos, y el resto excluidos del proceso de bancarización, según el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva. Es decir, casi un cuarto de millón de peruanos fue afectado en sólo 8 meses por una ley cuyos efectos fueron insistentemente anticipados por las autoridades y gremios especializados en la materia y, peor aún, cuando Chile y Colombia habían implementado estas regulaciones con resultados similares”, manifestó Barboza.