Bailando al son de la cumbia y con una lata en mano. Así fue captado en un video, al que accedió Perú21, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo Picchotito, el último sábado 24 de agosto, en una pomposa celebración en un colegio de Chiclayo.
Y es que motivos no le faltaban: solo dos días antes el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad adelantó su sentencia y absolvió a Oviedo del asesinato de dos personas en el caso Los Wachiturros de Tumán.
Un largo proceso que inició en 2016, y que estuvo a cargo del hoy exfiscal contra el Crimen Organizado de Lambayeque Juan Carrasco Millones, llegó a su fin tras 8 años sin un solo condenado, ya que incluso los sindicados autores materiales fueron absueltos.
Carrasco —quien también fue ministro del Interior de Pedro Castillo— pidió 52 años de cárcel para Oviedo, a quien acusó de ser el autor mediato de los homicidios de Manuel Rimarachín y Percy Farro. La participación del entonces fiscal terminó con la acusación, en 2020. Luego hubo cambios.
A puertas del inicio del juicio oral, el abogado de Oviedo, César Nakazaki, solicitó a la Corte Suprema la transferencia de competencias a un juzgado en La Libertad argumentando la falta de imparcialidad de la sala en Chiclayo.
UN CASO, POCAS PRUEBAS
Tras la transferencia de competencias, el caso cayó en manos de la fiscal provincial de La Libertad, Jennifer Ludeña, quien asegura que desde el inicio advirtió las deficiencias y vacíos en la manera en que se llevaron las pesquisas.
La sentencia por el caso Wachiturros de Tumán, que se conoció el último miércoles, lapida el trabajo de la Fiscalía y advierte falta de corroboración.
Según se lee en la sentencia del 4 de septiembre, a la que accedió Perú21, todos los testigos y colaboradores que el exfiscal Carrasco consiguió no pueden ser considerados como prueba exclusiva, sino que se necesitaban otros medios de prueba que corroboraran la tesis incriminatoria.
Por ejemplo, el colaborador eficaz 3-2017 mencionó que se asesinó a Rimarachín luego de un reglaje, pero ello, según los jueces, no se constató objetivamente.
“Resulta un evidente vacío probatorio. En tanto no se actuó ningún documento, ni testimonio consistente que pudiera dar cuenta de lo señalado por el colaborador eficaz”, se lee en la resolución.
Por otro lado, el mismo colaborador aseguró que cuando Rimarachín fue trasladado al hospital de Tumán tras ser acribillado, Víctor Rodríguez Ortiz, otro de los acusados como actor mediato del crimen, habría dado la orden al vigilante del centro médico para que no lo dejaran pasar. Sin embargo, esto nuevamente no fue corroborado por la Fiscalía.
“Llama severamente la atención que el fiscal, en un hecho de tan particular trascendencia que vincula a un centro hospitalario, no hubiera podido aportar al juicio oral mínimamente las incidencias descritas, que se entiende deben anotarse por lo menos por personal de vigilancia respecto del referido cierre hospitalario”, se lee en documento judicial.
No solo eso, sino que también advierten contradicciones en lo dicho por los testigos que presentó el Ministerio Público, siendo estos la propia esposa e hijo de Rimarachín.
Este diario conversó con Juan Carrasco Millones, quien criticó a la fiscal Jennifer Ludeña, pues asegura que ella “no lleva los casos” sino sus adjuntos; y que en vez de seguir con los actos que quedaban pendientes, Ludeña empezó a buscar responsabilidades y a elevar informes sobre los fiscales que ya habían llevado el caso.
“El principal error fue que un caso que ha sido investigado por fiscales de Chiclayo, que tenían cabal conocimiento de todos los medios de prueba, sea llevado a un fiscal que no sabía absolutamente nada. Después lo destituyeron y pasó a la fiscal Ludeña, que se peleó con todos los fiscales de Chiclayo porque los mandó a control interno. La fiscal no quería llevar la acusación porque no tenía experiencia en ese tipo de casos, ya que nunca había ido a una audiencia de juicio oral de un caso que no conocía”, aseveró.
CUENTAS PENDIENTES
La fiscal Jennifer Ludeña confirmó a este diario que el caso no ha terminado, pues apelará la sentencia (ver entrevista en página 4).
Sin embargo, Oviedo Picchotito tiene aún que saldar cuentas con la justicia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto que, para sorpresa, está directamente ligado al caso por el que acaba de ser absuelto.
El último 28 de junio se conoció que la Fiscalía le ha solicitado una condena de 6 años de prisión por ser el presunto autor de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, es decir, pago de sobornos.
La acusación se basa en el supuesto pago de dinero y otras dádivas para que el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi interviniera a su favor en el proceso judicial que se le seguía justamente por el caso Los Wachiturros de Tumán.
La tesis fiscal señala que Oviedo habría abonado mensualmente S/3,300 al prófugo Hinostroza a cambio de asesoría legal. Además de ello le ofrecía entrar a todos los partidos que la Selección Peruana de Fútbol jugaba como local durante las clasificatorias al Mundial de Rusia en 2018.
Y, tras la clasificación del equipo de fútbol peruano, Oviedo habría financiado el viaje de Hinostroza, su esposa y seis amigos más para que asistan a los partidos que la selección jugaría contra Dinamarca, Francia y Australia.
Según César Nakazaki, este caso también se caerá porque fue construido con colaboradores eficaces que no tienen forma de corroborar sus dichos. La última palabra la tendrá el Poder Judicial.
“Al exfiscal Carrasco se le advirtió que tenía que corroborar, no lo quiso hacer y sacó a la fuerza estos casos”.
César Nakazaki, ABOGADO DE EDWIN OVIEDO
Ahora que el señor Oviedo ha sido absuelto, ¿tiene pensado volver a la Federación Peruana de Fútbol?
Para nada. Nunca hemos conversado sobre ese tema en específico porque mi relación es abogado - cliente, pero de lo que puedo haber escuchado alguna vez, no. Siempre lo veo concentrado en (la empresa agroindustrial) Pomalca. Ni siquiera por el Juan Aurich. En todos estos años no lo he escuchado con algún interés deportivo, menos en la Federación.
Usted menciona que este caso fue un invento de la Fiscalía...
Lo que sucede es que lamentablemente en Lambayeque, a diferencia de La Libertad donde empresarios formales asumieron las excooperativas, malos empresarios buscaban administraciones truchas con amparos fraudulentos y empezaron a “apoderarse” de todas estas excooperativas. En esa realidad, Edwin Oviedo ingresa a Pomalca, no Tumán, y la saca adelante. Los malos empresarios no querían que él pudiera llevar esa experiencia exitosa a Tumán. Y por eso hay algo más con el fiscal Juan Carrasco, pues comienzan a ver cómo boicotearlo y le inventan el caso ‘Wachiturros’.
Con respecto al rol del exministro Carrasco, me dice que también hubo un mal actuar de su parte. ¿Tomarán algún tipo de medida en su contra tras la absolución?
Ese es un análisis hecho por el juzgado que ha absuelto a Edwin Oviedo y a los otros señores que lamentablemente fueron involucrados en este tema. El juzgado ha determinado que la investigación fue mal hecha y que nunca debió llegar a juicio, porque por tu experiencia sabes que los testigos colaboradores para que tengan algún valor necesitan de corroboración. Y esto nunca existió. Al exfiscal Carrasco se le advirtió que tenía que corroborar, no lo quiso hacer y sacó adelante a la fuerza estos casos que acaban de perder. Ya van dos con sentencias absolutorias.
¿Y correspondía realmente realizar la transferencia de competencias?
Nosotros hicimos cinco transferencias de competencia y en las cinco oportunidades la Corte Suprema determinó que en Lambayeque lamentablemente no había las condiciones adecuadas por una actuación irregular de la Fiscalía. Y esa prevención que tuvo la Corte Suprema ahora se corrobora con las sentencias, porque con las absoluciones, que son dos, se viene estableciendo que no había una investigación que justificase llevar a estas personas a juicio. Y peor a Edwin Oviedo con prisión preventiva.
"Voy a apelar, porque al margen de las deficiencias, para mí sí había elementos para una sentencia condenatoria”.
Jennifer Ludeña, FISCAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA LIBERTAD
¿Cuáles son sus apreciaciones de cómo se ha llevado el caso ‘Wachiturros de Tumán’?
El proceso ha llegado a Trujillo de frente para juicio oral. Yo no he tenido la oportunidad de investigar. Toda la investigación la realizó en Chiclayo el fiscal que estuvo a cargo, en este caso el doctor Juan Carrasco Millones.
Es decir, ¿usted no pudo hacer más que seguir con la evidencia que ya estaba recabada por el exfiscal Carrasco?
Yo he emitido diversos informes porque cuando recibimos los actuados en La Libertad, advertimos no solo temas de deficiencia, sino también de irregularidades. Y se informó desde un inicio que ya la carpeta venía así. No he tenido ninguna facultad para realizar actos de investigación más que llevar a cabo el juicio. Y que se me pueda tildar de que he tenido un trabajo deficiente, yo prácticamente he pasado tres meses entre Chiclayo y Trujillo con la finalidad de convocar al mayor número de testigos que han ofrecido en juicio. Incluso he tenido que ubicar a colaboradores eficaces y testigos con clave que han ido a juicio oral. Se les ha traído a todos. El colegiado en la parte final de la sentencia, incluso ha señalado que la labor del Ministerio Público en juicio oral no puede ser cuestionada porque yo he agotado todo.
¿Apelará la decisión de la sala?
Tengo hasta el viernes para presentar la apelación y claro, yo voy a apelar. Porque al margen de que hayan existido deficiencias, para mí sí había elementos para hacer una sentencia condenatoria. Los jueces tienen la oportunidad de conocer incluso la identidad de los colaboradores eficaces, porque según la narrativa, hay nombres que son mencionados durante todo el juicio oral que habrían participado en el hecho. Es decir, que si cualquiera de esas personas es fuente, es fuente directa. Hay herramientas que no se han valorado
¿Cuánto tiempo estima siga el caso si la apelación prospera?
No sé por qué se tomó la decisión de desacumular los procesos. Con eso se ha causado un gran perjuicio a toda esa investigación. Por ejemplo, en este caso hemos hecho solamente dos homicidios, pero los que han sido por encubrimiento están en otra carpeta y por asociación ilícita en otra. Son tres cosas diferentes que han desagregado que si hubiesen estado juntas el juicio tendría más fortaleza.
TENGA EN CUENTA
- Según el abogado Nakasaki, el motivo por el que el caso cambió de distrito judicial a La Libertad, fue que en Lambayeque existían “malos empresarios” que buscaron sabotear la inversión del Grupo Oviedo en el agro.
- Oviedo estuvo preso en Chiclayo durante 17 meses entre 2018 y 2020.
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