El pasado 20 de agosto, el exembajador Harold Forsyth y 15 ciudadanos peruanos más denunciaron al Perú y sus autoridades ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes de 49 personas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, después del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y es que, según Forsyth, la Fiscalía por “más buenas intenciones que tiene, no ha obtenido ningún resultado”.
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No obstante, esto no es exacto. Perú21 accedió a un informe detallado del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (Eficavip) que da cuenta de su trabajo hasta el 16 de julio de 2024. Este diario pudo conocer que la Fiscalía, a cargo del fiscal superior Luis Valdivia, ha organizado ocho equipos de fiscales en seis regiones —Apurímac, Arequipa, Lima, Junín, Ayacucho y Puno—, quienes vienen investigando a un total de 336 personas, entre ellos, 292 policías y 44 militares (ver gráficos).
El mayor PNP David Salinas y el suboficial PNP Rembert Rodríguez, por ejemplo, son algunos de los investigados por el Ministerio Público. Según la tesis fiscal, el mayor David Salinas, quien era jefe de la Unidad de Intervenciones Rápidas, no cumplió con sus obligaciones de supervisar y controlar al personal policial que se encontraba bajo su mando en Arequipa.
Y es bajo estas circunstancias que el suboficial Rembert Rodríguez “habría hecho un uso desproporcionado de la fuerza al emplear una escopeta de caza con la que habría disparado seis perdigones de plomo” contra Jhan Condori, quien falleció en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, producto de los disparos.
Los delitos investigados por la Fiscalía van desde homicidio calificado y tortura agravada hasta lesiones graves, seguidas de muerte y abuso de autoridad.
Asimismo, según el informe del Eficavip, la Fiscalía ha abierto 72 casos, de los cuales 52 están en etapa de diligencias preliminares y 20 en investigación preparatoria.
El Eficavip, además, ha realizado14,611 diligencias, que han permitido impulsar el avance de los casos vinculados a las muertes y lesiones en las trágicas protestas, entre ellas, toma de declaraciones, exhibiciones e incautaciones, pericias, levantamiento de secreto de comunicaciones, recreaciones de los hechos e inspecciones.
“BUSCAN BLINDAR TRABAJO FISCAL”
En entrevista con Perú21TV, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, quien también es una de las firmantes en la denuncia de la Fiscalía del CPI, señaló que el Ministerio Público tiene serias limitaciones para cumplir con su trabajo debido a las iniciativas legislativas que se vienen impulsando desde el Congreso con el apoyo del Poder Ejecutivo.
“Las medidas que está tomando el Legislativo, con el silencio cómplice del Ejecutivo, cada vez hacen más difícil que el sistema de justicia tenga independencia”, dijo Pérez Tello.
“Si la presidenta Boluarte quiere verse fuera de cualquier investigación internacional, que observe las normas que garantizan impunidad. Pero no lo hace y al no hacerlo es parte del problema”, remarcó.
Por otro lado, la abogada afirmó que la denuncia busca blindar el trabajo del Ministerio Público, pues “existe un serio riesgo” de que el Estado no garantice que las investigaciones por las muertes encuentren justicia. La más reciente amenaza, según refirió la exministra, es el proyecto de ley de Waldemar Cerrón para perseguir y fiscalizar a jueces y fiscales.
Consultada sobre la omisión en la denuncia de los grupos radicales, como el Conare y Movadef, que azuzaron las marchas, Pérez Tello sostuvo que el CPI no era el espacio para acusarlos. No obstante, aseguró que los azuzadores deben ser procesados y sancionados bajo la legislación nacional.
Por su parte, el exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) José Luis Gil cuestionó los procesos contra los miembros de las fuerzas del orden.
“Parece que (la Fiscalía) ha agarrado la costumbre de investigar al destajo, o sea, casi al peso, especialmente cuando se trata de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, dijo Gil.
“Las acciones que han realizado las fuerzas del orden para imponer el orden constitucional ahora están siendo judicializadas”, agregó.
Mientras tanto, el Eficavip continúa investigando a decenas de oficiales de la PNP y las FF.AA. por haber, presuntamente, violentado los derechos humanos de decenas ciudadanos. Esta situación deja en claro que desde el Ministerio Público —liderado por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena— sí se están investigando los lamentables hechos en los que azuzadores y fuerzas del orden se enfrentaron.
TENGA EN CUENTA
- A fines de julio, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional por homicidio contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
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