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Acoso a menores por Internet se castigará hasta con ocho años de prisión
La norma, pendiente de promulgación, configura como un delito el contacto virtual, sin esperar que se consume una posible violación.
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Por primera vez la justicia peruana podrá sancionar hasta con ocho años de cárcel a quienes contacten a través de Internet a niños, niñas o adolescentes con proposiciones de tipo sexual, de acuerdo a la ley aprobada en el Congreso para combatir los llamados 'ciberdelitos'.
El propósito es frenar el grooming o acoso de adultos hacia los niños en medios virtuales, señaló Carlos Vásquez Ganoza, director general de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia.
Explicó que este delito se configura cuando a través del chat o de las redes sociales un adulto hace propuestas con objetivos sexuales a un menor de edad, logrando de él fotografías comprometedoras que luego usa para extorsionarlo o las difunde en Internet.
"El solo contacto virtual con esos fines constituye un delito que en la norma se combatirá, porque el Derecho debe adelantar sus barreras de protección hacia los menores y no esperar a que se materialice una posible violación sexual para intervenir", remarcó.
SE SUPERA ATRASO LEGALA juicio de Vásquez Ganoza, la norma en cuestión –que está pendiente de promulgación–, llena un enorme vacío que había en la legislación peruana que solo contemplaba como delitos informáticos el acceso ilícito o hacking y el daño o sabotaje informático.
"Con esta nueva ley el Perú supera un atraso de 13 años en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, colocándose dentro de los estándares internacionales y quedando listo para firmar el Convenio de Budapest", dijo a la Agencia Andina.
El citado convenio es el primer tratado internacional de lucha contra la cibercriminalidad a través de la armonización de las leyes nacionales y el aumento de la cooperación entre naciones. Este documento tipifica un total de 11 delitos informáticos.
Esta norma sanciona también la clonación de tarjetas calificada como fraude informático, la suplantación de identidad cuando esta causa un perjuicio al suplantado, al usar su identidad para discriminar por opción sexual, religiosa, política o de otro tipo.
Vásquez Ganoza reveló que la elaboración de esta ley se trabajó durante dos años luego que 21 países de la región acordaran trabajar el tema en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica.
El Perú, dijo el funcionario, es el primer país en cumplir su compromiso implementando la ley.
Detalló que en su elaboración trabajaron los ministerios de Justicia, del Interior y de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, Ministerio Público, el organismo de Gobierno Electrónico y la Asociación de Bancos.
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