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Fiscalía pide 9 años de prisión para hermano del premier Aníbal Torres por esta razón

Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, es acusado de presuntamente haber formado parte la red de corrupción que montó el exalcalde Roberto Torres en la Municipalidad de Chiclayo.

Fecha Actualización
Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, es acusado de presuntamente haber formado parte la red de corrupción que montó el exalcalde Roberto Torres en la Municipalidad de Chiclayo.
Un reportaje de Contracorriente detalló que Víctor Antonio Torres Vásquez y su hijo Iván Torres García, así como Víctor Hugo Carbajal Alzamora, como parte del consorcio Trasatlántica, son acusados del delito de cohecho simple por presentar documentación falsa para ganar una licitación en la Municipalidad de Chiclayo cuando Roberto Torres era burgomaestre.
El proyecto fue otorgado en 2013 y los trabajos consistían en el mejoramiento del pavimento y veredas del casco central de la ciudad de Chiclayo.
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“Este proceso, de acuerdo a lo que se ha desarrollado en las investigaciones, estuvo direccionado para favorecer al consorcio Trasatlántica”, expresó Tania Bravo, fiscal provincial de la segunda fiscalía penal corporativa de Chiclayo.
En el reportaje se menciona que el comité de selección del municipio postergó hasta en seis oportunidades la fecha de adjudicación de la obra, a fin de, presuntamente, permitir que uno de los integrantes del consorcio pueda inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores y así ganar la licitación.
Además, se indica que la obra fue entregada en una fecha posterior al plazo establecido y se cobró un monto superior al presupuesto destinado.
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El Ministerio Público ha solicitado 9 años de prisión para todos los implicados en el caso. El juicio oral se iniciará el 5 de julio del 2022. El Poder Judicial ya dictó una primera sentencia de 2 años y 6 meses para el hermano del premier Aníbal Torres, pero luego la sentencia fue sustituida por jornadas de prestación de servicios a la comunidad, por lo que la Fiscalía apeló.
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