Aplicación de método Bukele en Perú genera polémica en el Poder Ejecutivo

“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y eso es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública”, dijo, inicialmente el premier. Pero luego señaló que “se podría” aplicar el método Bukele. Luego detalló que el Poder Ejecutivo ha pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar la inseguridad y que se pretende modificar 50 normas para hacer más eficiente el trabajo policial. Parte de esta política es enfrentar la migración ilegal internacional.

Sobre el tema, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, afirmó: “He escuchado comentarios sobre eso. Nosotros tenemos nuestro propio modelo. La próxima semana vamos a lanzar un modelo importante, un modelo peruano, que básicamente trata de salvar a los jóvenes de que ingresen a las cárceles”. En tanto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, sentenció: “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”.

¿Se puede aplicar el ‘Método Bukele’ en Perú? Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, no. La principal razón es que la realidad de El Salvador es muy distinta a la peruana. Por ejemplo, en el país centroamericano, el principal problema es la temida pandilla ‘las maras’, pero en nuestro territorio existen una serie de organizaciones criminales internacionales operando. A estas se suman las bandas nacionales, que han sido desplazadas pero que existen.

“Lo que hace falta en Perú es un Plan Boluarte”, enfatizó a Perú21TV. Refirió que en El Salvador, el 80% de los crímenes se planifican en las cárceles, cosa que no ocurre en Perú —ese porcentaje es mucho menor—. Acotó que el mandatario Nayib Bukele tuvo que suspender una serie de derechos fundamentales para poder implementar su política, lo que derivó en una serie de excesos, entre ellos la detención de inocentes. Consideró que ese estado de excepción no se puede aplicar en un país democrático, como es nuestro caso, pero sí en un país dictatorial.

Ajena a esta discusión, la presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió al Parlamento que apruebe el proyecto de delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo pueda emitir más de 30 normas sobre seguridad. Estas permitirían, entre otras cosas, penalizar el uso de celulares robados y expulsar a los extranjeros que delinquen.

El 20 de junio de 2019, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele —que asumió la presidencia el 1 de enero de ese año—, lanzó la estrategia de seguridad denominada Plan de Control Territorial, que se enfocó en tres áreas: control de las cárceles, interrupción del financiamiento al crimen organizado y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Consta de siete fases, de las cuales han sido implementadas cinco. Con esta política, se ha enviado a la cárcel a más de 61 mil personas, muchas de ellas miembros de una de las más peligrosas pandillas del mundo, los ‘maras’, y se ha reducido la tasa de homicidios.

Sus detractores afirman que, con su método, Bukele ha monopolizado el poder, ha tomado el control de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial y ataca a cualquier organización que lo cuestione. Asimismo, aseguran que ha habido miles de detenciones arbitrarias y que ha militarizado dicha nación. Una de sus grandes obras es la inauguración, hace pocos meses, de un megapenal, con capacidad para 40 mil reos, al que llevó a un grupo de detenidos enmarrocados, que solo vestían ropa interior y que eran obligados a mirar al suelo.