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Contraloría halla presunta responsabilidad penal en funcionarios de AATE y Sedapal por caso del aniego en San Juan de Lurigancho
La Contraloría determinó, a través de un informe de auditoría, que siete funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) serían presuntos responsables de irregularidades que desencadenaron el aniego ocurrido, en enero del 2019, en San Juan de Lurigancho (SJL).
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La Contraloría determinó, a través de un informe de auditoría, que siete funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) serían presuntos responsables de irregularidades que desencadenaron el aniego ocurrido, en enero del 2019, en San Juan de Lurigancho (SJL).
En un comunicado, la entidad detalló que los funcionarios serán denunciados penalmente por la Procuraduría Pública por supuestas irregularidades en la gestión de los trabajos de reubicación de redes primarias de alcantarillado en la interferencia del tramo 2 de la Línea del Metro de Lima, lo que ocasionó el colapso de las tuberías en el tramo Pirámide del Sol.
“La actuación de los funcionarios ha causado, a la fecha, perjuicios económicos por US$ 2 677 368.48 por el tramo Pirámide del Sol, y S/ 16 827 563.34 por los tramos Bayóvar - Santa Rosa y Caja de Agua. Sin embargo, estos montos se incrementarían por encontrarse aún en ejecución los trabajos para la reposición integral de las tuberías de alcantarillado reubicadas en estas zonas del distrito”, señaló la Contraloría en su pronunciamiento.
Además, precisó que dos funcionarios de la AATE habrían favorecido al Consorcio Tren Eléctrico, conformado por Odebrecht S.A. y GyM S.A, al permitirle que contrate directamente a una tercera empresa (IVC Contratistas Generales SRL) sin contar con el marco legal, y cuya propuesta económica aprobó “extemporánea e indebidamente”, para que ejecute los trabajos de reubicación de interferencias con las redes primarias de agua potable y alcantarillado.
La Contraloría también detectó que los funcionarios de la AATE dispusieron el pago de S/ 71 626 583.72 al consorcio por los citados trabajos sin exigir el sustento técnico ni administrativo. Además, no gestionaron la contratación de la supervisión, conforme exigía la normativa de contrataciones y de presupuesto.
“Lo señalado ha ocasionado que las redes primarias de alcantarillado de los tramos Bayóvar-Santa Rosa, Caja de Agua y Pirámide del Sol, actualmente evidencien deformaciones y desalineamientos horizontales y verticales, así como el colapso de las redes primarias del tramo Pirámide del Sol, lo que determina un perjuicio económico al Estado por el monto que deba desembolsar para la reposición definitiva de las tuberías afectadas; monto final que no resulta posible establecer por encontrarse en ejecución las respectivas obras”, precisa la Contraloría en el informe.
La auditoría determinó, además, que funcionarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y un funcionario de la AATE suscribieron un “Acta de Transferencia y Conformidad de Obras Ejecutadas” para establecer que supuestamente los trabajos de reubicación fueron entregados a Sedapal en perfecto estado de funcionamiento.
Sin embargo, según consideró la Contraloría, dicha acta no está prevista en la Ley de Contrataciones del Estado ni en el contrato de la obra principal. Además, enfatizo que los funcionarios no efectuaron la verificación del estado de los trabajos y, pese a ello, otorgaron su conformidad.
“De esta forma, funcionarios de la AATE y Sedapal habrían favorecido indebidamente al Consorcio Tren Eléctrico liberándolo de responsabilidad. A ello se suma el agravante que, a la fecha de la suscripción del acta, los trabajos no habían sido recepcionados ni liquidados por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico”, indicó la Contraloría.
Ante esto, la Contraloría recomendó en su informe que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico disponga que las obligaciones de la supervisión correspondan al control del íntegro de los trabajos de una obra pública. Asimismo, planteó que se exija la presentación de pruebas de calidad de los materiales y de los procesos constructivos, antes de pagar por los trabajos ejecutados.
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