Frente a la alarmante ola de extorsiones y criminalidad que azota al país y que, en las últimas semanas, ha cobrado la vida de tres conductores de transporte público en la capital, el 100% de transportistas formales de Lima y Callao, paralizaron ayer sus operaciones.
Desde las 6:00 a.m. el caos se apoderó de la ciudad por la ausencia de los micros y buses formales. Cientos de personas, entre ellos escolares y docentes, quedaron varados en los paraderos, otros pagaron el triple a los colectiveros y los que pudieron se trasladaron en taxi.
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Fuentes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao informaron a Perú21 que al menos 22 mil unidades formales de 320 empresas suspendieron sus servicios, al igual que 14 mil vehículos informales, que también son víctimas de los extorsionadores.
Los ciudadanos no tenían cómo trasladarse a sus lugares de trabajo, centros de estudios e incluso a sus citas médicas, pues los Corredores Complementarios, Metropolitano y Línea 1 del Metro de Lima no llegan a toda la ciudad y tampoco se dieron abasto. “Estoy esperando un bus desde las 5 de la mañana y ya es 8 y 30. No sé cómo llegar a mi trabajo”, contó un señor que debía ir desde Villa El Salvador hasta el Callao.
Pese a que el paro transcurrió sin mayores hechos de violencia, este diario fue testigo de cómo, en el cruce de la avenida Miguel Iglesias con la calle Belisario Suárez, en San Juan de Miraflores, tres sujetos con mascarillas bajaron de una combi y pincharon las llantas de un microbús. También hubo casos de buses que circulaban con usuarios al interior y que fueron atacados a pedradas, incluso un pasajero resultó herido.
PROMESAS Y DIVISIONES
Con cajas de cartón simulando ataúdes, una rata gigante de papel con palabras de rechazo a la labor de los congresistas y la ineficiente gestión del Gobierno, además de banners donde se leía “!Basta de muertes a los transportistas!” “¡No a la extorsión!”, los choferes, cobradores y jaladores marcharon desde Comas, San Martín de Porres, Puente Piedra, Independencia, El Agustino, hasta el Centro de Lima.
En los exteriores del Congreso, en la avenida Abancay, exigieron leyes más severas contra las organizaciones criminales que les exigen el pago de cupos para dejarlos trabajar.
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La parlamentaria Patricia Juárez (FP) hizo ingresar a los voceros de los gremios de transporte público. Tras una reunión con ellos, ofreció una conferencia de prensa, en la que Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) dijo que “los transportistas somos golpeados no solo por extorsionadores, también por el Congreso, que da normas, leyes, según su conveniencias”.
En declaraciones a los medios, Valeriano dijo que los congresistas se comprometieron a aprobar para fines de octubre un proyecto de ley para declarar al sicariato y la extorsión como delitos de terrorismo urbano.
Dicho esto, señaló que “por el momento el paro se levanta, estamos dando una tregua momentánea al Gobierno”. No obstante, Edgar Vitor, secretario general de Transportes Unidos, enfatizó “que el paro sigue, porque nada bueno se ha hablado, simplemente los congresistas han ofrecido promesas y nada concreto”.
ESTADO DE EMERGENCIA
El Gobierno de Dina Boluarte, en su habitual negacionismo de la realidad, no había previsto el impacto de la suspensión de las operaciones de los transportistas formales. Por ello, el paro general les cayó como baldazo de agua fría.
“Teníamos compromisos suscritos con 9 de las 10 organizaciones gremiales de transporte... Por eso, ayer fui el primero en sorprenderme ante esta convocatoria del paro de transporte que generaba inquietud”, admitió el premier Gustavo Adrianzén.
A su vez, el titular de Educación, Morgan Quero, dijo que “nosotros no le vamos hacer juego a ningún paro” que “hasta las últimas horas de ayer (miércoles) había una serie de acuerdos con distintos gremios”. Sin embargo, en la madrugada del jueves “hubo algunos cambios”, por lo que se vieron obligados a comunicar 10 minutos antes de las 7:00 a.m. de ayer que las clases escolares pasaban a ser remotas.
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Lo que el ministro no dijo es que en la madrugada, en el paradero de la empresa de transportes Etusa, en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, extorsionadores de la banda criminal La Batería de los Panameños detonaron un artefacto explosivo y dejaron un mensaje en el que exigieron el pago de cupos. Dicho acto motivó a todos los transportistas a acatar el paro.
A su turno, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, comunicó que el Ejecutivó acordó declarar en estado de emergencia a 12 distritos de Lima y Callao por 60 días, los cuales son: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Ventanilla.
“La participación de las Fuerzas Armadas está garantizada en el estado de emergencia declarada hoy en estos 12 distritos”, acotó el titular del Interior, Juan José Santivañez.
El Ejecutivo también remitirá al Congreso una iniciativa legal que tipifica de terrorismo urbano a las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se dispuso, también, la ampliación del penal de alta seguridad de Challapalca, en Puno, para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos.
Finalmente, anoche fue presentado el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a las Extorsiones (Gorex) en la sede del Ministerio del Interior.
SABÍA QUE
- El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, indicó que, el año pasado, la participación de las Fuerzas Armadas en su jurisdicción fue corta.
- “La participación de las Fuerzas Armadas fue muy breve (...) Siendo optimista, duró una semana”, dijo.
- Asimismo, mencionó que durante todo el tiempo de emergencia “noté la ausencia del Ministerio Público”.
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