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Uruguay: Hubo 200 abortos en el primer mes de su despenalización
“Si se combinan la anticoncepción, planificación familiar y la educación en salud sexual se disminuye el número de abortos”, dijo el viceministro de Salud de ese país.
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En el primer mes desde la despenalización del aborto en Uruguay se practicaron 200 interrupciones del embarazo en el país, conforme con cifras oficiales recogidas hoy por la prensa de Montevideo.
La ley de despenalización entró en vigor el pasado 3 de diciembre y obligó a todas las instituciones de asistencia médica públicas y privadas a asesorar y practicar el aborto a las mujeres que lo soliciten dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
La cifra de 200 abortos en el primer mes de vigencia apuntada por el viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo representa un tercio de los niños nacidos mensualmente en el Hospital Pereira Rossell, donde se produce la mayoría de los partos en Uruguay (unos 7.500 al año), comparó hoy el diario El País.
Entre el 10% y 20% de las mujeres que consultaron en ese hospital decidieron mantener su embarazo, lo que según Briozzo "echa por tierra" el argumento de los opositores a la despenalización de que se trata de una "ley pro-aborto".
"Los datos internacionales demuestran que si se combinan la anticoncepción, planificación familiar y la educación en salud sexual se disminuye el número de abortos, que es lo que todos queremos", añadió.
Una mujer que quiso interrumpir su embarazo al límite de las 12 semanas semanas atrás y no pudo demandará al Ministerio de Salud Pública por mala praxis, trascendió hoy.
Los promotores de la despenalización señalaron durante la discusión legislativa de la norma que en Uruguay se practicaban unos 30,000 abortos clandestinos al año bajo condiciones muchas veces de riesgo, sobre todo para mujeres de escasos ingresos.
Esta ley genera controversia en Uruguay. Pocos días después de su promulgación organizaciones sociales y agrupaciones políticas de la oposición lanzaron una campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum junto con las elecciones nacionales de 2014, e intentar su derogación.
La normativa tiene algunas condiciones, como el derecho a la objeción de conciencia de los médicos o de las instituciones, especialmente las privadas que tienen vinculación con alguna religión.
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