¿A favor del crimen?

El magistrado menciona más de 100 expedientes a nivel nacional que, estando muy avanzados, se desmoronarían casi de inmediato. Entre ellos, casos de extorsión (‘gota a gota’), estafas agravadas, tala indiscriminada e incluso actividades relacionadas con la minería ilegal. Gravísimo.

Las posibilidades de que la presidenta de la República observe la autógrafa de la ley son mínimas, pues, como reconoció el propio fiscal, aun si ello ocurriera, el Congreso seguramente la terminaría aprobando por insistencia.

Chávez Cotrina recordó, además, que delitos como la estafa agravada se verían afectados por la cantidad mínima de años que contempla una eventual condena. Y añadió que investigaciones sobre atentados como los que se han producido en Pataz se verían seriamente debilitadas, así como una serie de pesquisas o acusaciones, por ejemplo, en torno al tráfico de combustible utilizado para abastecer a mineros ilegales.

Una vez más los inquilinos de las curules en el hemiciclo de la plaza Bolívar se movilizan para pergeñar leyes prácticamente con nombre propio. Otra malhadada “práctica o costumbre parlamentaria” –para citar las insólitas palabras de una tristemente célebre congresista ‘mochasueldo’– que se suma a normas anteriores dictadas en favor de las universidades bamba, los docentes jalados en las pruebas de conocimientos, los taxi-colectivos, el transporte informal en vehículos chatarra, la tala y la minería ilegal o la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

Es decir, un Congreso de la República que continúa legislando en función de intereses particulares –a menudo abiertamente delictivos– o determinadas aspiraciones políticas, sin siquiera detenerse a pensar el impacto que tendrán esas leyes en la convivencia social y la calidad de vida de los peruanos.

Ya no es solo que este poder del Estado vive y trabaja –es un decir– de espaldas al país. Leyes como esta, lejos de aportar algo mínimamente positivo, solo empeoran lo que ya anda muy mal en el Perú, como es la seguridad ciudadana y la credibilidad de nuestro sistema de justicia que, no sin argumentos legítimos, la población percibe como corrupto y que reparte privilegios e impunidades siguiendo negociaciones bajo la mesa.