Aguas negras

Indignante lo que sucede con San Juan de Lurigancho, víctima, desde la semana pasada, de un enésimo aniego pestilente que, además, no tiene cuándo terminar. Unos 2,000 vecinos del distrito permanecen en la calle o en sus viviendas inundadas por aguas servidas, mientras tratan de salvar y proteger lo que pueden de sus artefactos, muebles y enseres domésticos.

Las penurias de esta nueva ruptura de cañerías se agudizan por la falta de agua potable y el temor a contraer alguna enfermedad que, sumada al COVID-19, pueda tener consecuencias fatales entre las familias del distrito. La verdad es que no entendemos cómo puede prolongarse tanto el calvario de este distrito y sus habitantes que no pasan un solo año sin que alguna tubería estalle bajo sus pies y calles, ocasionando que pistas y casas se vean de pronto atacadas por incontenibles torrentes de aguas negras con su respectiva carga de coliformes fecales y sabrá la ciencia qué otras especies bacterianas.

Por lo pronto, el contralor Nelson Shack ya se movilizó, asegurando a la ciudadanía que ya había acreditado las comisiones encargadas de determinar responsabilidades por el nuevo aniego. Pero lo cierto es que los auditores deben ir más lejos aún, pues el tema se viene arrastrando desde hace años sin encontrar una salida que –pese a que en 2020 la misma Contraloría, ante un incidente similar, identificó una serie de responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo, civil y penal– por lo menos amortigüe el perjuicio que estos continuos desastres causan entre los vecinos.

Sedapal, por su parte, se deshace en explicaciones y anuncios de solución que se limitan a durar lo que aguante la siguiente rajadura en las tuberías. Parche sobre parche, cuando el problema no solo parece ser estructural, sino que, por añadidura, se agrava año a año.

En 2019 y 2020 se hicieron las mismas promesas luego de incidentes similares, pero uno o dos años después las inundaciones se siguen produciendo. Hasta cuándo, pues, la incompetencia del Estado seguirá pasando factura a los peruanos que pagamos impuestos para acceder a servicios decentes.