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Alto a la irracionalidad
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En la semana, el caso Cocteles por el que están en el banquillo de acusados Keiko Fujimori y otros 40 personajes se tiñó de violencia. La abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza, fue objeto de una cobarde agresión, que –ahora lo sabemos– provino de un grupo de castillitas que llevan su portátil a la sede judicial cada vez que les toca presentarse a los dirigentes naranjas.
Los ataques físicos y verbales, las amenazas en redes sociales –que en realidad proliferan en ambos lados– se están desbordando ahora que el proceso ha comenzado oficialmente. La letrada, por ello, se vio obligada a pedir garantías: “Acabo de solicitar garantías en la Prefectura, garantías para mi vida, porque no solamente son los hechos de violencia física y verbal, sino también las amenazas que he recibido ayer (miércoles)”.
Para nadie es un secreto que tanto en las redes sociales como en la confusión de las aglomeraciones públicas es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano, pero las imágenes registradas son claras y no dejan lugar a dudas. El resentimiento de las huestes del defenestrado golpista, hoy inquilino de la vecindad del Fundo Barbadillo, es tan patente como el absoluto fracaso de su gestión presidencial, por mucho que se le intente pintar como víctima.
Y así como antes cuestionamos, desde este mismo espacio, los insultos y acosos del grupo violentista autodenominado ‘La Resistencia’, en este caso condenamos también las agresiones contra la defensa de la lideresa de Fuerza Popular. Este tipo de actitudes antidemocráticas y matonescas no tiene lugar en nuestro país. Los representantes de la justicia no deben sentirse intimidados con semejantes demostraciones de irracionalidad y extremismo político.
La abogada logró escapar de la emboscada que le tendieron estos indeseables, pero, como demócratas, no podemos eludir la responsabilidad de denunciar y condenar lo ocurrido.
Y lo cierto es que la justicia debe hacer su trabajo sin generar polémicas ni suspicacias. Razón además por la cual quienes llevan este juicio deben guardar la compostura debida, pues de lo contrario, al politizar el proceso terminan siendo cómplices indirectos de actos como el que describimos.
No se trata de demonizar al rival –o de quien esté sentado en el banquillo– sino de esclarecer el fondo de los hechos. Sin aspavientos ni estridencias efectistas de cualquier signo. Esa es la conducta que debe observar cada juez, cada fiscal, cada abogado.
De lo contrario, la justicia derivará en episodios tan repudiables como el que hoy nos ocupa.
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