El Gobierno ha iniciado una campaña digital contra sus críticos. La consigna parece ser luchar a través de las cuentas oficiales en redes sociales contra quienes cuestionen la gestión de Dina Boluarte y sus ministros. En el Ejecutivo no encontraron mejor manera de gobernar que pretender silenciar a los críticos. “A más mentiras, más obras”, dice la presidenta Boluarte, y lo que vemos, en tiempos de interacción virtual, es a Palacio de Gobierno tratando de levantar muros digitales bajo el lema: “A más preguntas, más bloqueo”.
La Presidencia, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), adoptó la táctica de silenciar los comentarios en varias publicaciones. Es el reflejo de una realidad: mientras la popularidad de la mandataria va en picada, los insultos en redes suben como la espuma; pero el Gobierno, lejos de abrir espacios de diálogo, pone obstáculos virtuales que terminan siendo una censura que limita la libertad de expresión. La democracia digital de este Gobierno se pierde con tanto bloqueo.
Pero esta práctica no es exclusiva de la red social de Presidencia o Gobierno del Perú; también es la estrategia comunicacional de la Presidencia del Consejo de Ministros. En la cuenta oficial en X iniciaron un trabajo de hormiga, y no precisamente para difundir políticas para luchar contra la criminalidad, sino que la emprendieron contra tuiteros identificables que cuestionan o exigen información. La más reciente fue consultar si la ausencia de la mandataria durante el paro de transportistas respondía a algún retoquito facial.
Bastó la duda para que, en vez de responder con transparencia, lo hicieran de manera selectiva, buscando desacreditar una a una las cuentas críticas. Si alguien pregunta por la desaparición de la presidenta Boluarte en actividades oficiales, es ‘fake’; si otro usuario desliza la posibilidad de una cirugía, es ‘fake’. La cuenta del Ministerio del Interior también se sumó al llamado ‘fact cheking’. Si alguien deslizó que el incendio de buses fue provocado por bandas de extorsionadores, es ‘fake’.
A su vez, el premier Gustavo Adrianzén fue más allá. Vía su cuenta personal en X tuvo un comentario despectivo hacia un político que sugirió la gravedad de la ausencia de la mandataria por una presunta frivolidad en momentos difíciles para el país. El primer ministro olvida que debería promover la mayor apertura al diálogo, en vez de incurrir en una infracción constitucional al permitir que un vocero presidencial usurpe sus funciones como portavoz del Gobierno (artículo 123 de la Constitución).
¿Será este el rumbo que decidió seguir el Gobierno? ¿Silenciar, bloquear, etiquetar, insultar, en lugar de rendir cuentas? La censura, en lugar del debate, no debería tomarse únicamente como un espectáculo digital; es una pésima señal de un Gobierno que no quiere diálogo ni críticas, porque no sabe cómo enfrentar las graves crisis que afectan al país.
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