Se critica una amnistía tributaria que no lo es, mientras otra, que sí lo es, está en los camarines del Congreso, preparándose para salir al campo. La ley vigente no es una amnistía porque no perdona impuesto alguno; solo permite pagarlo a plazos, que tampoco es gratis, porque exige intereses y garantías, como cualquier banco. Es verdad que se reducen o perdonan algunas multas, pero eso se explica porque son excesivas. Muchas de ellas se aplican por errores o por no entregar información, aunque no sean relevantes para determinar deuda tributaria. No obstante, aun cuando el Estado no sufre perjuicio alguno, se calculan multas como porcentajes de ventas netas, aunque la empresa tenga pérdidas. Esas multas son confiscatorias y, por tanto, inconstitucionales. Igual pasa con los intereses, que tuvieron un pico pospandemia, por el incremento de las tasas internacionales y por una inflación que ya empiezan a bajar. Entonces, solo hay desagio de multas e intereses, eliminando la parte de la deuda tributaria incrementada injustificadamente.
La otra amnistía sí es de verdad. Si se promulga, permitiría regularizar impuestos pagando 10% en lugar de 30%. El Ejecutivo ha observado el proyecto porque dice que no está preparado; no es cierto: sería igual a una que hubo en 2017; se aplicarán los mismos reglamentos, formularios y procedimientos. Ha dicho que se pierde recaudación; tampoco es cierto: como las rentas están ocultas, la Sunat no puede cobrar nada, por lo que, en verdad, se incrementa la recaudación de 0% a 10%. Se ha dicho que solo beneficia a los ricos; tautológico, porque si solo se grava la riqueza, es obvio que cualquier ajuste solo beneficiará a la riqueza, los pobres no entran en la ecuación. Por último, se dirá que no es ético, porque se premia al evasor y se castiga al cumplidor; pero nada de eso se dijo en 2017, porque era promovida por la OCDE para identificar fortunas en paraísos fiscales.
La amnistía que se cocina no es para esas fortunas, que ya se acogieron en 2017 y se protegen con planificaciones complejas. Debería ser para la economía informal: 75% en empleos y alrededor del 20% del PBI, cuya contribución fiscal es baja per cápita por no ser competitiva, pero que, en conjunto, puede llegar a 5% del PBI, que incrementaría nuestra recaudación por encima del promedio de la región. Sin embargo, la atención mayor debería estar en la economía criminal, que dicen que está entre el 6% y el 10% del PBI. Sus empresas son muy rentables y habrá que distinguir las que son crimen puro y no se pueden formalizar (la economía negra): tráfico de personas, drogas, terrenos, prostitución, esclavitud laboral, extorsión y sicariato; de aquellas que sí se pueden formalizar (la economía gris): actividades ilegales de minería, tala de bosques, pesca, transporte y comercio. La economía negra, como si fuese un invasor, está ocupando territorio, impone leyes, cobra tributos (cupos) y genera empleo. La economía gris está atada a la economía negra, presa por extorsión o aliada por seguridad. Esa atadura es la que debemos romper para que la economía gris se pase a nuestro lado.
Formalizar es caro, por los estándares ambientales, laborales y tributarios que hay que cumplir, pero debería ser compensado con otras ventajas competitivas, como el acceso a financiamientos y a mercados internacionales. No obstante, la gran dificultad ha estado en la desconfianza del informal en el sistema financiero. Por eso se manejan en efectivo. Pero la siguiente generación es más sofisticada y consume formalidad. La amnistía puede resolver ese problema, porque, como en 2017, permitiría bancarizar el dinero que se hubiese regularizado. A partir de allí, la ruta del dinero es trazable, la Sunat tendrá más opciones para fiscalizar y se echará a andar la rueda de la formalización. Como anécdota terrible, habrá que recordar que la guerra de Sendero no la hicieron campesinos empoderados por la reforma agraria, sino sus hijos, que, luego de ir a la universidad, no pudieron ser incorporados en el sistema. La amnistía puede aprovechar esa ventana, para incorporar a esa segunda generación de la economía gris. No es un problema tributario, ni siquiera económico, es de seguridad nacional.
