[OPINIÓN] Ana Jara: “Descenso dramático”

Las recientes revelaciones del Banco Central de Reserva del Perú sobre la caída estrepitosa de la inversión privada en el primer trimestre de 2023, han pasado prácticamente desapercibidas pese a lo delicado del tema, en razón de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en el país. Principalmente, la elección del nuevo defensor del Pueblo, que ha levantado tremenda polvareda por el perfil de la persona elegida sin experiencia profesional en materia de derechos humanos, que es precisamente la misión principal de este organismo autónomo constitucional, por lo cual es menester permanecer vigilantes de su desempeño en el cargo.

Pero en cuanto al tema de esta columna, si bien el presidente del BCRP, el economista Julio Velarde, ya había advertido semanas atrás que se esperaban cifras en rojo en inversión privada, lo cierto es que lo conocido de la contracción en un 12% de enero a marzo es brutal, ya que esto, en buen romance, significa una grave afectación al crecimiento de nuestra economía y las perspectivas hacia futuro, lo que repercutirá negativamente en pobreza, empleo, demanda, ingresos, etcétera. Ojo que el descenso de la inversión privada en el Perú ya venía en declive según datos del propio BCRP, descontándose la época de pandemia, desde el tercer trimestre del año pasado que fue de -0,8% y en el cuarto trimestre de -2,5%.

Es decir, de julio de 2022 a marzo de 2023, la inversión privada va en caída libre y esto debe poner las barbas en remojo de las autoridades nacionales y subnacionales en la ejecución del gasto público. Los titulares del pliego deben redoblar esfuerzos por un eficiente gasto de sus presupuestos. Se sobreentiende, claro está, “gasto de calidad” no es gastar por gastar. Se debe apuntar a acortar las enormes brechas sociales y de infraestructura que aún existen y, con ello, reducir los índices de pobreza y pobreza extrema elevados potencialmente a causa principalmente de la crisis sanitaria del COVID-19.

Por lo pronto, el gobierno central ha lanzado el plan Con Punche Perú, que según las notas de prensa oficiales, busca “facilitar la inversión pública en zonas de alta conflictividad y atención a la población vulnerable”, con un presupuesto de S/5,900 millones, esperándose que al término de 2023 se hayan generado más de 130 mil empleos. Se ha señalado que se asistirá a las autoridades subnacionales en la ejecución de las inversiones, lo que es imprescindible hacer, dado que la mayoría de gobernadores regionales y alcaldes que recién han asumido mandato en enero de este año tienen poca o nula experiencia en la gestión pública. Sin embargo, debe buscarse otras medidas adicionales que reactiven nuestra economía, ya que lo inestable del ambiente político, que nos tiene a todos contra todos en el Perú, lamentablemente no nos hace el mejor de los destinos para la inversión privada.