En su discurso de Fiestas Patrias la presidenta anunció la creación de un Ministerio de Infraestructura y días después presentó un proyecto de ley al Congreso para su aprobación. Haría bien el Congreso en analizar con cuidado esta propuesta, ya que la sola creación de un ministerio no garantiza la resolución de problemas de mala gestión pública, basta ver cómo funcionan la mayoría de nuestros ministerios.
Revisando la exposición de motivos del proyecto de ley enviado al Congreso, se evidencia que no hay una adecuada justificación para crear este ministerio resultante de la fusión por absorción de 13 entidades, programas, proyectos y fondos que hoy forman parte de seis ministerios o son entidades autónomas. ¿Ninguna funciona adecuadamente? Se necesita más información sobre los costos que nos ahorraríamos, las sinergias que se lograrían, la forma en que se articularía la planeación de las obras con los ministerios respectivos que ahora perderían sus atribuciones sobre los proyectos de infraestructura de sus sectores, y cómo se aseguraría que los proyectos en ejecución o en cartera no se afecten.
En la exposición de motivos del proyecto se expuso que existen debilidades en el diseño y gestión de inversiones públicas, lo que nadie objeta. También se indicó, en condicional y sin el mayor análisis, que la existencia de estas múltiples entidades con responsabilidades específicas y separadas puede conducir a una descoordinación en la implementación de proyectos de infraestructura y que implementar un único ejecutor centralizado podría ofrecer múltiples beneficios tales como mejor coordinación de los proyectos de infraestructura; una supervisión y gestión más estrecha de los recursos que reduciría retrasos y sobrecostos; y una mejor asignación de responsabilidades y rendición de cuentas. Una decisión tan trascendental como la creación de un nuevo ministerio requiere un diagnóstico y análisis más profundos que los presentados hasta el momento.
Es innegable que la gestión pública de las inversiones en infraestructura en el país enfrenta desafíos significativos como resultado de la persistente corrupción que afectan su ejecución y transparencia, los procedimientos burocráticos, las regulaciones complejas que retrasan su implementación y aumentan sus costos, la inadecuada planificación y priorización de proyectos, y la falta de capacidad técnica y de gestión. Sin embargo, la eficacia de la gestión pública depende más de la calidad de sus funcionarios, de la eficiencia en la ejecución de planes y políticas, y de su transparencia; que de estructuras institucionales.
La centralización de proyectos de infraestructura en un nuevo ministerio podría complicar su coordinación con los sectores respectivos y aumentar la burocracia y la corrupción. No siempre escobita nueva barre mejor, lo hemos visto repetidamente en el país, donde sobran ministerios e instituciones públicas y falta buena gestión. Por ello no hay que apresurarse al tomar esta decisión, que amerita mucho más análisis. ¡Que nos demuestren que es una buena idea!
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