El tema de hoy: El contraataque de Odebrecht

Hace unos días se conoció que la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato fijó la reparación civil que pagaría Odebrecht en la exorbitante cifra –preliminar aún– de S/3,468 millones. Por este pago se están contemplando las irregularidades en las que habría incurrido la empresa (coimas, arreglo de bases, normas a medida, etc.) para adjudicarse el Gasoducto Sur, la Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y la carretera Chacas-Áncash.

Al enterarse de esto, la constructora puso el grito en el cielo y señaló que ese monto le resulta impagable. Comparó los acuerdos de indemnización a los que llegó en otros países donde los montos son considerablemente menores.

No solo eso. La compañía advirtió que su colaboración en las investigaciones fiscales podría quedar en suspenso si la Procuraduría mantenía sus pretensiones. Esto, sin duda, complica lo avanzado por el Ministerio Público en su lento proceso de corroboración de información. Si Odebrecht deja de colaborar, ¿cómo se conocerá qué otros funcionarios fueron coimeados?Precisamente, congresistas como Víctor Andrés García Belaunde advirtieron ese adverso escenario y manifestaron sus suspicacias por el momento en el que el procurador Jorge Ramírez –que responde al gobierno– da a conocer la cifra de la reparación: solo días después de que desde Brasil confirmaran el 27 y 28 de febrero como fechas para los interrogatorios a Jorge Barata. Barata, como se sabe, tendrá que declarar si el presidente Pedro Pablo Kuczynski y otros líderes políticos recibieron dinero de Odebrecht. ¿No era mejor esperar a las declaraciones del ex directivo para informar lo de la reparación?

En entrevista a Perú21, Ramírez cuestionó a la firma porque, a su juicio, lo que hace su despacho no debe afectar lo que la Fiscalía hace por su lado. Pero debieron prever esta reacción porque, quieran o no, la compañía busca acuerdos con el Estado peruano, no con entidades aisladas. De lo contrario, ¿de qué le serviría pactar con una si la otra socavará sus intereses? A fin de cuentas, lo que interesa al país, en primer orden, es tener la radiografía completa de los peruanos que se llenaron los bolsillos con dinero corrupto.

Dejemos a los jueces, a su tiempo, establecer las sanciones penales y los montos de reparación que deberán pagar las empresas implicadas. Estas pueden adelantar sí el pago de multas o devoluciones, que son otros conceptos.