Las voces que se levantan para exigir al Gobierno acciones y planes concretos para combatir la ola delictiva siguen en aumento. La sociedad civil, a través de distintas instituciones, continúa demandando que los poderes del Estado –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– se pongan de acuerdo y aprueben una ley que ponga freno a las fechorías que vienen cometiendo las bandas de extorsionadores contra transportistas, emprendedores y empresas privadas de todo tamaño.
El desgobierno en materia de seguridad ha llegado a un punto en que el sicariato opera ya con total impunidad a lo largo y ancho del país. Hoy los ciudadanos transitan por las calles de las ciudades bajo el temor de un ataque o algún acto de violencia.
La última institución en sumarse a este clamor ciudadano ha sido la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), que se pronunció ayer apremiando a la presidenta para que asuma su liderazgo convocando al Consejo de Estado y se tome la decisión de tipificar al sicariato, la extorsión y el uso de armamento de guerra como terrorismo.
“El Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado en perjuicio de todos los peruanos. No existe una estrategia por parte de nuestras autoridades para combatir este flagelo que todos los días genera zozobra e impacta en la calidad de vida de la población en general”, sostuvo en su comunicado.
Al declarar estas actividades como actos terroristas, las penas contra quienes cometan estos crímenes se endurecerían de inmediato. Como bien dicen, en un contexto de auge de las economías ilícitas –léase minería ilegal– una medida semejante al menos tendría cierto efecto disuasorio entre quienes asumen las actividades fuera de la ley como parte de una nueva ‘normalidad’.
Al comunicado de los exportadores no le falta un ápice de razón. La descomposición de las barreras entre lo legal y lo abiertamente delictivo la tienen a la vista los peruanos todos los días. Y lo peor es que –no es un secreto para nadie– los intereses de las organizaciones criminales, de distinto calado y modalidad operativa, cuentan ya hasta con representaciones en el Congreso. Es decir, hablamos también de una amenaza rampante contra la democracia y el orden jurídico del país.
Si estos llamados a la razón del Estado no son suficientes, ¿el Ejecutivo tampoco escuchará, entonces, la protesta de miles de microbuseros convocada para mañana jueves?
La presidenta y su gabinete tienen la obligación moral, patriótica, de romper con la inercia y asumir las tareas urgentes que el Perú demanda.
