[OPINIÓN] Milagros Campos: “Crisis presidenciales”

Guillermo Lasso podría no terminar su mandato. Se encuentra afrontando un proceso de juicio político. A diferencia de lo que ocurre en el Perú, el presidente ecuatoriano puede ser enjuiciado por varios delitos graves, entre los que se encuentran los de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. El 16 de marzo de 2023 se inició el procedimiento por cuatro asambleístas respaldados por 59 firmas. Superaron las 46 requeridas. La Corte Constitucional interviene para controlar que la discrecionalidad de la Asamblea no sea arbitraria. En este caso, redujo los cargos, manteniendo solo los relacionados al delito de peculado. Como Perú, Ecuador tiene un Congreso unicameral.

El procedimiento tiene plazos para el ejercicio del derecho de defensa, así como un período de enfriamiento, previo a la votación. La censura del presidente requiere la votación a favor de dos tercios de los miembros de la Asamblea (92 votos). En caso de no lograrlos, el presidente no puede ser enjuiciado políticamente por los mismos hechos.

Esta es la segunda vez que la Asamblea intenta un proceso para interrumpir el mandato del presidente Lasso. En julio de 2022 libró un proceso de destitución por grave crisis política y conmoción interna.

Ecuador tuvo entre 1996 y 2000 cinco presidentes. La Constitución de 2008 ha previsto una institución conocida como la muerte cruzada, a fin de generar incentivos para evitar un conflicto permanente entre Ejecutivo y Legislativo, que se viene poniendo a prueba. Se incorporó el derecho de la Asamblea a destituir al presidente y, recíprocamente, el del presidente para disolver la Asamblea, pero la consecuencia en ambos casos es la convocatoria a elecciones generales anticipadas para el resto de los respectivos períodos. Esta facultad puede ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años. En ese sentido, se especula si el presidente Lasso recurrirá a disolver la Asamblea Nacional antes de la votación.

El juicio político al presidente por graves delitos y faltas es un estándar en la región. El sistema democrático no puede tolerar conductas delictivas ni golpes de Estado. Sin embargo, la proliferación de procesos de destitución no responde siempre a la presunta comisión de delitos sino a la falta de respaldo parlamentario al presidente. Con ello, se desnaturaliza el presidencialismo. Si bien el sistema político debe generar mecanismos para destituir a los presidentes mediante procesos adecuados, también debe generar un nivel de estabilidad política.