Las dos investigaciones que le ha abierto el Ministerio Público –lavado de activos y tráfico de influencias y soborno– al presentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, están jalando hilos de una madeja delictiva de una magnitud jamás imaginada.
Y es que los indicios que se vienen desplegando en medios y en la Fiscalía apuntan a que en los negocios de Hurtado podrían haber participado varios fiscales y jueces.
No estamos hablando entonces, como parecía al principio, de un simple escándalo futbolístico/farandulero con dineros de incierta procedencia y nulo registro fiscal. Conforme se han precipitado los acontecimientos –testimonios, denuncias y documentación– lo que se viene transparentando es una red criminal perfectamente estructurada.
Como ha dicho el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia: “Todo indica que el delito fuente es contra la administración pública, y (se debe) también establecer cómo han ingresado estos dineros al sistema financiero, tanto nacional como internacional. Un punto importante que tiene que investigar la Fiscalía es si el nivel de vida que llevaba esta persona se condice con sus ingresos”.
Hurtado se ufanaba de sus contactos en el Poder Judicial y de los lujos que él y su familia se pagaban en Lima y en Miami, pero durante estos días se supo además que ejercía discretamente como apoderado legal del conocido narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera (a) ‘Vaticano’, cuyos tentáculos en el bajo mundo se llegaron a extender incluso hasta las redes de sobornos de Vladimiro Montesinos, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Las noticias de su captura y la revelación de la enorme fortuna que amasó gracias al tráfico de estupefacientes fueron muy difundidas en su momento.
Así es que aquí no hay eso de “soy su amigo, pero no sé nada”.
El curso de los destapes y las acusaciones dista de haber terminado. Por lo pronto ya se ha separado a una jueza y a la fiscal Elizabeth Peralta por inconducta funcional y todo indica que no se trata de las únicas fichas de este caso que están por caer.
A partir de su detención, toca, entonces, a la Fiscalía profundizar las investigaciones y acelerarlas, pues la lista de delitos y personajes involucrados seguramente se va a ampliar. Ya es hora de que salten los nombres de los jueces y funcionarios que intercambiaban favores con ‘Chibolín’.
¿Estaremos ante un caso de Cuellos Blancos II?
