Secretos levantados

Se aprobó hace unos días, en la Comisión de Economía del Congreso, un proyecto de ley que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso directo a la data protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria para investigados por lavado de activos y crimen organizado. Una facultad que ciertamente fortalecerá su labor de análisis y seguimiento de delitos de corrupción.

El acceso directo al secreto bancario y la reserva tributaria es un recurso común a casi todas las entidades de inteligencia financiera en el mundo; poder detectar a tiempo operaciones de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, es fundamental. En Latinoamérica, solo países como Chile y Perú mantienen legislaciones, a estas alturas obsoletas, que bloquean o dilatan innecesariamente investigaciones de esta índole, a través trámites o papeleos burocráticos que llegan a exigir, incluso, la autorización expresa de un juez o su determinación previa como procedimiento excepcional.

Con esta nueva ley, en cambio, la UIF podrá poner a disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros o del Ministerio Público toda la información que requieran sus pesquisas, evitando que los personajes involucrados puedan realizar maniobras para borrar u ocultar sus operaciones –así como el rastro que dejan– en el sistema financiero no solo peruano, sino de todo el planeta, ya que ese es otro de los aspectos fundamentales que mejoraría una medida que ya llevaba 11 años discutiéndose en el Parlamento, desde que fuera recomendada por organismos reguladores internacionales.

Después de tantas propuestas absurdas, anteponiendo el beneficio de unos pocos sobre los de las grandes mayorías nacionales, llega pues una iniciativa que no asalta a la razón técnica y merece todo el apoyo en el pleno del Congreso –en la Comisión de Economía fue aprobada por unanimidad– pues su aprobación significará un gran paso en beneficio de la lucha contra la corrupción en el Perú. Que así sea.