¿Alguien podría dudar de que hay un pacto infame para gobernar el país? Porque no es casualidad que el Congreso siga aprobando leyes inconstitucionales y, sobre todo, que arrincone al sistema de justicia sin que se tenga un solo pronunciamiento del gobierno central y mucho menos del Tribunal Constitucional —justamente el guardián y máximo intérprete de la Constitución— y ni siquiera lo exhorten a actuar con responsabilidad en la aprobación de leyes inconstitucionales.
Eso no es adelantar opinión, al contrario, es educar a un Congreso de ignorantes en materia constitucional —en realidad lo hacen a propósito—. Ahí está la ley aprobada el miércoles que delega a la Policía Nacional la investigación del delito; es una aberración jurídica que contraviene justamente lo establecido en la Constitución, que expresa claramente que el titular de la investigación penal es la Fiscalía que cuenta con una serie de herramientas, como la medicina forense, y una institucionalidad que lo refrenda.
Además, con todos los antecedentes que tiene lamentablemente la Policía en este tipo de avatares, está expuesta a un riesgo permanente de que la corrupción se infiltre y distorsione todas las investigaciones en marcha. Recuerden que la Policía requiere rendir cuentas a alguien, en este caso al Ministerio Público; con esta ley tendría que rendirle cuentas al gobierno de turno. Entonces la Policía Nacional estaría sometida al poder político de turno, a través del Ministerio del Interior; si no vean hoy el caso de la Diviac y la persecución infame al coronel Colchado, todo por haber cumplido su función, justamente obedeciendo órdenes de un juez y bajo la responsabilidad de un fiscal.
Imagínense ahora tener solo a la Policía que investiga, sometida al gobierno, eso sería un direccionamiento de las investigaciones penales y una instrumentalización de la justicia.
Este escenario es el que está viviendo hoy Venezuela, donde el sátrapa de Nicolás Maduro se ha atrevido a dictar orden de captura contra el candidato que ganó las elecciones utilizando un sistema de justicia sometido a sus designios.
Si no queremos repetir esta historia, es un deber sagrado para todos los peruanos hacer frente a todas estas infamias del Congreso y sus ocasionales aliados en el poder, no perdamos nuestra capacidad de indignación y denunciemos estos abusos, es tiempo de autoconvocarnos para hacer frente a tanta ignominia.
