En el tráfico de terrenos, claramente ganan las mafias municipales compuestas por alcaldes, regidores y funcionarios corruptos. Además, gana la telaraña, también mafiosa, compuesta por funcionarios de Cofopri, Sunarp, los programas regionales de titulación de tierras, la Superintendencia de Bienes Nacionales, etc.
Las mafias en cuestión también incluyen a efectivos policiales, fiscales y jueces corruptos… todos coludidos con los traficantes propiamente dichos.
Sin embargo, ahí no termina la cosa. En el tráfico de tierras, ganan también los proveedores de agua en cisternas, esteras, palos, etc. Incluso, los que brindan “seguridad”. El entrecomillado es adrede, porque los tipos esos de custodios no tienen nada, y sí, mucho de extorsionadores.
Ahora bien, la otra cara de la moneda muestra a los que pierden. Entre los perdedores están los propietarios de los terrenos invadidos –el Estado o los privados–, que pierden sus propiedades. Pero pierde también la pobre gente que cae en la trampa, sin salida, de las mafias en cuestión.
Efectivamente, el sangrado mafioso es inevitable, implacable e interminable. Pago por la “adquisición” del lote. Pago por afiliación y mantenimiento de la “asociación pro-vivienda”. Pago de cuotas extraordinarias para el saneamiento de los certificados de posesión. El trámite de titulación puede demorar 15 o 20 años, y hasta más, previo pago de cuantiosas coimas, sin ninguna rendición de cuentas de por medio.
Al final, los pagos suman mucho más de lo que se pagaría por un crédito hipotecario para la compra de una vivienda de S/100,000, con todos los servicios públicos bien puestos, y con todas las formalidades registrales del caso.
Por ello, insisto en mi propuesta de quitarles las competencias de vivienda y urbanismo a los municipios distritales y provinciales de todo el país. Y, en su reemplazo, crear autoridades autónomas –tipo Banco Central de Reserva– encargadas de llevar a cabo todos los procesos de planificación y desarrollo urbano en todo nuestro país. Autoridades autónomas apolíticas, profesionales, meritocráticas, súper especializadas en la materia.
Incluso, habría que prohibir la autoconstrucción de viviendas en todo el país. Pero eso sí, para que la cosa funcione, el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo –bien construidas– en terrenos de su propiedad… que los tiene. ¡Y de sobra!
¡No a los turbios negocios del tráfico de terrenos! ¡Sí a la vivienda digna para todos los peruanos!
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