Hace más de un año, en esta columna y en diversos foros, comenté sobre la necesidad de crear un Ministerio de Infraestructura como parte de una reforma destinada a abordar y resolver los problemas estructurales del sistema de inversiones en el Perú en lugar de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura.
El actual desorden y desintegración —que incomoda a los gestores públicos cuando son cuestionados y a la ciudadanía cuando se desvanece la ilusión y surge la frustración— subyacen a los problemas de corrupción e ineficiencia en el ámbito de las inversiones públicas, que nos generaron pérdidas por más de 8,963 millones de soles solo en 2023 (un 17.5% del presupuesto público ejecutado). Esto es lo que realmente se debe corregir, y no se solucionará con la creación de un ministerio que simplemente aglutine programas de otros, y mucho menos si se incorporan a las mismas personas que arrastran el lastre de continuas ineficiencias y cuestionamientos, o si se mantienen las mismas reglas para el diseño, contratación, ejecución y operación de los grandes proyectos.
La iniciativa es buena, pero la propuesta no necesariamente. Se necesita una discusión profunda que identifique el problema y lo enfrente con conocimiento. Esta discusión debería centrarse en cómo integrar los procesos de planeamiento, programación, presupuesto, contrataciones y control, abarcando tanto la fase de diseño como la de ejecución, evaluación y operación. No debemos olvidar que la ‘infraestructura’ es solo un insumo (muy importante y atractivo por los efectos multiplicadores que genera) destinado a la prestación de un servicio, dentro de un enfoque claro de gestión por resultados que aporte valor al ciudadano. En consecuencia, es necesario mirar el bosque y no solo el árbol.
Por ejemplo, si hacemos una sencilla clasificación por umbrales de monto en inversiones pequeñas (menores a 1 millón de soles), medianas (entre 1 y 100 millones), grandes (entre 100 y 1000 millones) y muy grandes (más de 1000 millones), necesitaríamos antes definir el modelo de operación estatal que queremos que tengan las inversiones grandes y muy grandes, no solo para su diseño, contratación, ejecución y supervisión, sino también para garantizar su culminación y operación. No por gusto hay más de 2 mil obras paralizadas este año que superan los 36 mil millones de soles; y obras concluidas que no están en funcionamiento por la falta de personal, equipamiento, mantenimiento y autorizaciones.
Observando los distintos procesos, su integración y la identificación de las principales actividades, reconoceremos que existen diferentes actores institucionales, y así saber qué competencias tendría un Ministerio de Infraestructura y cómo se relacionaría con los ministerios sectoriales, el MEF, la PCM, la Contraloría General y los gobiernos regionales (incluyendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima), entre otros.
Desarrollar obras públicas implica mucho más que juntar ejecutores y aprovechar economías de escala; hay más actores, públicos y privados, que parecen no estar siendo considerados. Entre ellos los que otorgan permisos, regulan los aspectos técnicos, sanean físicamente los terrenos y eliminan interferencias, realizan los estudios de viabilidad, preparan los expedientes técnicos, términos de referencia y bases, supervisan las obras, entre otros. Incluso, los profesionales que viabilizarán las inversiones públicas, a quienes se debe garantizar un acceso meritocrático, separado del ciclo político, con una remuneración justa y competitiva, sujeto a una evaluación de desempeño y al cumplimiento de metas anuales de resultado.
Dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano. No vaya a ser que nuevamente se mueva toda la maquinaria legislativa para una iniciativa que no va a funcionar. Solo con una visión integral, que resulte de una discusión profunda y ciertamente con conocimiento, podremos recién definir las competencias y procesos que deberá tener un nuevo Ministerio de Infraestructura. El Congreso tiene la oportunidad y la responsabilidad de fomentar un debate amplio sobre la propuesta improvisada del Ejecutivo, con el fin de abordar problemas que han persistido durante décadas y promover un desarrollo económico y social sostenible en beneficio de toda la población.
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