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"Y el Ejecutivo las promulga sin mayor trámite o se hace de la vista gorda, siguiendo pactos de silencio y complicidad con estas actividades delictivas".

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(Foto: Andina)
Fecha Actualización

Una de las reformas electorales que deberían entrar en vigor en las elecciones presidenciales de 2026 es la eliminación de la norma que prohíbe los aportes del sector privado a los partidos en campaña, una restricción absurda que el Congreso tomó en 2017, meses después de que estallara el escándalo de Odebrecht en el Perú.

Fue una decisión a todas luces populista, coyuntural y reactiva frente a un escándalo, sin meditar que con ello se abría la puerta al poder económico de distintas organizaciones criminales que, desde ese entonces, no han dejado de tener injerencia en la política peruana.

Porque una cosa es prohibir y otra regular los aportes; que se registren con transparencia. Ello, para justamente evitar que corran dineros sucios bajo las mesas y rótulos políticos de candidatos que, de acceder a una curul o un cargo de gobierno, pues lógicamente defenderán los intereses de quienes –cuando menos– les pagaron la campaña.

Eso queda claro cuando en el Congreso se toman decisiones que favorecen directamente a personajes u organizaciones que se dedican a la minería ilegal, al narcotráfico, a las universidades bamba o al transporte informal. Y el Ejecutivo las promulga sin mayor trámite o se hace de la vista gorda, siguiendo pactos de silencio y complicidad con estas actividades delictivas.

En el informe publicado ayer en Perú21, se puede apreciar el consenso entre especialistas, juristas y directivos de gremios empresariales en apoyar el proyecto que ha presentado la ONPE para restablecer el aporte de empresas con un tope de 120 UIT.

Lo único que ha logrado la prohibición de que el sector privado realice aportes electorales ha sido envilecer la práctica política y fortalecer las economías ilegales que hoy por hoy cuentan —sin el menor rubor— hasta con representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Como ha dicho el presidente de la Confiep, si la delincuencia es la que financia a las representaciones políticas, el país está en serios problemas.

Queda en manos del Congreso la decisión de corregir este gravísimo error.

 

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