Hemos llegado a una situación de letargo y cansancio frente a tantas denuncias que se destapan cada semana de la clase política que hoy nos gobierna. Pero no podemos guardar silencio ante tantos atropellos y abusos que vienen cometiendo las autoridades con total descaro y sinvergüencería, porque sería regalarles el país si es que perdemos la capacidad de indignación. Ahí sí será mejor cerrar el quiosco y abandonar el país a su suerte.
Por eso, tenemos la obligación de seguir denunciando todas las tropelías que cometen los funcionarios y congresistas, que al parecer tienen patente de corso para denigrar a las instituciones del Estado y, sobre todo, que están llevándonos a un colapso de nuestro sistema de seguridad nacional. Eso lo podemos ver hoy con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Este sujeto es un ave de paso, pero al parecer entendió bien la tarea que se le designó, porque la está cumpliendo a la perfección. Todo coincide con los infames audios en los que, con total desparpajo, Santiváñez se despacha fanfarroneando sobre su poder y las órdenes que tiene desde Palacio, como condición para tener el fajín de ministro. Ya debió haber sido removido. Es una ofensa a la nación su presencia, pero se ve que hasta tiene el blindaje del Congreso.
El ambiente de inseguridad y el incremento del índice de criminalidad en agosto es de terror; parecería que ha entregado a nuestra sociedad a merced de las bandas criminales. Por eso describíamos ayer toda la retahíla de acciones delictivas que estamos sufriendo día a día, con la desidia de un Congreso que se ha dedicado a aprobar leyes para favorecer a los delincuentes, limitando la labor de la Policía y la Fiscalía.
Pero no están conformes. Ahora pretenden que la Policía sea el titular de la investigación del delito, cuando en la propia Constitución se establece que ese es un rol del Ministerio Público, que no está sometido a ningún tipo de mandato imperativo y que cualquier fiscal es totalmente autónomo en sus investigaciones, sin injerencias de nadie.
Ahora quieren, por ley, modificar este procedimiento constitucional, porque seguro buscan el control de las investigaciones, porque la Policía Nacional se debe al poder político de turno; a través del Ministerio del Interior pueden manosear las investigaciones. Pruebas de ello existen, como la intromisión grosera en la Diviac y la persecución contra el coronel Colchado.
