No conozco a estos funcionarios públicos Reynaldo Bringas (exdirector de Presupuesto Público), José Miguel de Prieto (exgerente general del Banco de la Nación) y Marcelino Cárdenas (exdirector general de Tesoro Público). Ni tampoco he hablado con ellos en mi vida. Solo lo que leí en la noticia de La República me bastó para pensar que estamos ante otra de las tantas atrocidades legales típicas de nuestro “país”. Estos tres funcionarios públicos acaban de ser condenados a cuatro años de prisión “EFECTIVA” solo porque no formularon ningún tipo de cuestionamiento, sino que más bien acataron las órdenes sin sustento legal de Fujimori y Montesinos, para abonar un total de US$558’345,420 por los aviones de guerra de fabricación rusa MiG-29 y Sukhoi-25 (…) pudieron haber rechazado avalar las transferencias de dinero. O sea, según el fiscal acusador Juan Manuel Fernández Castillo y los vocales supremos que han dado el fallo —seguramente San Martín estará metido— estos tres funcionarios deberían: 1. Ser unos expertos en armamento como para saber qué aviones deberían comprar las FF.AA., los precios, las exigencias técnicas, los proveedores, etcétera…. 2. Haber necesariamente sabido que había detrás una cutra de Montesinos. 3. Haber necesariamente recibido coimas (no se menciona que les hayan encontrado prueba de eso), y 4. ¿De cuándo acá un funcionario culpable por ejecutar un trámite administrativo de habilitación de fondos? A todo hay que agregar que este juicio ha tomado casi TREINTA AÑOS en acabar y que les han impuesto la obligación de pagar solidariamente la astronómica suma de US$ 6 millones como reparación civil.
De repente me equivoco sideralmente y estos tres funcionarios son unos pillos. Pero de una primera lectura y conociendo a nuestros fiscales y jueces… Miren nomás la persecución injusta a otros funcionarios, como Alberto Pasco Font, Percy Velarde o Patricia Pinilla (Janice Seinfeld debió tocar sus casos en su reciente artículo en EC).
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