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Expropiación sanitaria
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La pandemia del COVID-19 ha puesto los reflectores sobre las falencias del sistema de salud pública. La falta de camas, de medicinas, de suministros y equipos médicos no solo pone en riesgo las vidas de los ciudadanos, sino también la del personal sanitario que constantemente se expone al virus.
Ante la clara situación de colapso en los hospitales públicos, algunos líderes de opinión, como Augusto Rey, no tuvieron mejor idea que recomendar al Ejecutivo intervenir las clínicas privadas (léase “expropiar”) para que así se amplíe la cobertura y se impida que las familias sean esquilmadas por las clínicas.
Es cierto que existen indicios de que algunas clínicas estuvieron haciendo cobros indebidos a cientos de familias, como los cargos por pruebas de COVID-19 que fueron procesadas por el INS, conducta que debe ser sancionada si Susalud determina responsabilidad.
Sin embargo, no hay razones para pensar que la intervención estatal en los nosocomios privados solucionaría las dificultades de acceso a los peruanos que no pueden atenderse en la red pública. De hecho, los malos resultados de gestión de este Ejecutivo en el sector Salud de años previos sugieren lo contrario.
Por ejemplo, en 2018 y 2019, el Minsa presupuestó S/822 millones y S/837 mllns., respectivamente, para comprar medicamentos (MEF), pero hacia julio de ambos años se había ejecutado el 28%. De igual forma, hasta ayer, de los S/246 millones presupuestados para comprar equipos médicos (ej.: respiradores), ¡apenas había ejecutado un mísero 3%!
El gobierno debe buscar la manera de aprovechar la red privada sin que eso suponga que el Minsa asuma su gestión. Eso sería un desastre.
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