Los paros de las últimas semanas reflejan clamores desesperados de la ciudadanía ante el creciente desencanto por la falta de respuesta del Gobierno frente al incremento de la criminalidad e inseguridad que azota al país. Las recientes declaraciones de la presidenta y del jefe del gabinete nos muestran que no hay vocación de enmienda. Nuestros gobernantes y políticos parecen vivir en una realidad paralela, inmunes a las demandas de la población, por lo que la percepción generalizada del pueblo es sobre un Gobierno indolente y un Congreso que legisla a espaldas de lo que requiere el país.
Es evidente que estamos yendo por mal camino como expresan diferentes líderes empresariales que exigen acciones concretas, incluso proponiéndolas, pero estas han caído en saco roto. Los problemas no se resolverán exclusivamente por clamores de las llamadas élites, como algunos sostienen. Lo que se requiere es un esfuerzo conjunto de la sociedad que diga: ¡Ya basta! ante este aumento de inseguridad y criminalidad a nivel nacional. Por lo tanto, no sorprenden estos paros y manifestaciones que deben recibirse como llamados de alerta.
Hasta ahora la respuesta del Gobierno y del Congreso ha sido pobre. Se mantiene a los ministros que están haciendo una mala labor y no se hace esfuerzo alguno por parte del Congreso para mejorar el marco legal para una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado que ha llegado a niveles alarmantes. No solo no se corrigen las malas leyes, sino que se preparan nuevos proyectos de ley nocivos como los que buscan extender el Reinfo para permitir que la minería informal e ilegal siga operando impunemente. Por otro lado, no se priorizan reformas electorales, a sabiendas de que sin modificaciones el proceso electoral de 2026 será caótico, o propuestas para mejorar la administración de justicia, que no es confiable ni eficiente.
Ojalá este desencanto del pueblo con la apatía de las autoridades para resolver los problemas cotidianos conduzca a que estas reaccionen y tomen las medidas necesarias para atacar esta plaga de delincuencia, violencia e inseguridad; y a que nuestros congresistas modifiquen aquellas leyes que favorecen a las mafias y a las organizaciones criminales. Aunque es iluso pensar que esto ocurrirá. La principal preocupación del Gobierno es cosmética: “No dar un mal espectáculo y que los manifestantes se abstengan de marchas y protestas durante la reunión de APEC”, en vez de tomar medidas concretas para enfrentar la creciente criminalidad y resolver los problemas de inseguridad.
Tanto la criminalidad y las extorsiones como los paros y manifestaciones impactan la actividad económica, afectando nuestro crecimiento que ya estaba mostrando señales de mejoría. Sin seguridad no hay inversión, sin esta no hay crecimiento y esto nos lleva a mayor desempleo, pobreza y convulsión social. Para evitarlo se requiere que el Gobierno y el Congreso tomen medidas concretas que hasta el momento se rehúsan a implementar. Guerra avisada no mata gente.
