Ferrari en la calle

Aunque suene paradójico, el Poder Judicial parece condenado a seguir siendo el epicentro de escándalos ya no solo porque contaminan el escenario político con su secuela de “hermanitos”, nombramientos y blindajes, sino por sus propias y exclusivas demostraciones de incompetencia, y la inminente liberación de ‘Peter Ferrari’ no hace más que levantar sospechas en ese sentido. A esto se suma, en muchos casos, la desidia fiscal.

Como se recordará, a Pedro Pérez Miranda, que operaba bajo el alias angloitaliano en mención, se le acusa de ser el cabecilla de una de las más poderosas organizaciones de tráfico de oro que el país ha conocido. A las empresas vinculadas al detenido se les atribuye el traslado subrepticio de más de 14 toneladas de oro –procedentes de la minería ilegal– a los Estados Unidos, cuyo valor se calcula en alrededor de 620 millones de dólares.

Tanto las investigaciones como el operativo realizado para la captura y el desmontaje de la red de lavado de activos que manejaba la banda representaron un enorme esfuerzo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, que, además, contaron con el apoyo de informes de inteligencia proporcionados por autoridades norteamericanas, ya que estas tienen pendiente un pedido de extradición por las actividades ilícitas de la organización en Florida, que solo puede ejecutarse al finalizar su proceso penal en el Perú.

Vencido el plazo de ley para que la Fiscalía presente una acusación –que alarmantemente continúa sin poder hacerlo–, esta solicitó prolongar su detención por 180 días dado que el investigado había recurrido a una serie de maniobras dilatorias por sus distintos abogados. La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado prefirió, por mayoría, disponer la libertad del imputado. Los jueces Porfiria Condori Fernández, Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla votaron en contra del requerimiento fiscal. El Ministerio Público, ya con la leche derramada al no poder llevar a Pérez Miranda a un juicio, tuvo que pedir como último recurso que salga pero con grilletes electrónicos. El juez Richard Concepción Carhuancho –amenazado de muerte en su momento– declaró fundada esta solicitud.

Ahora, Ferrari deberá hacer un trámite administrativo para contar con este dispositivo electrónico, pero pocos creen que un mecanismo de rastreo será un obstáculo para los planes de un individuo de recursos casi ilimitados como los del así llamado ‘Capo del Oro’.