Salud pública post-COVID

Apenas desatada la pandemia y decretada la cuarentena, escribía en esta misma columna: “Cuán autocomplacientes hemos sido con las limitaciones y taras de nuestra… gestión estatal. Nuestro sistema de salud pública es insostenible… por su caótica (des)organización sistémica: desintegración entre Minsa y Essalud, y de ambas con el sector privado, etc. El país pide a gritos una reforma integral y radical del sistema de salud hace tiempo” (21/3/20).

Ahora vemos cómo algunos pretenden sostener –contra la abrumadora evidencia global– que la desprotección social es consustancial al “neoliberalismo”, y por supuesto quieren traerse abajo con todo tipo de iniciativas antimercado la institucionalidad económica que sacó de la pobreza a literalmente millones de peruanos. El objetivo mayor es tumbarse la Constitución del 93, en particular su régimen económico. Con la idea de –supuestamente– corregir lo malo de nuestro “modelo” se quieren tumbar de paso lo bueno, que es mucho más.

Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de enfrentar el problema –real– con furia y prejuicio antiempresarial (como está sucediendo), prevalecen la cordura, la deliberación y el ánimo colaborativo? La economista del IEP Roxana Barrantes propuso en un reciente artículo aprovechar el “momento constitucional” (urgencia de cambio institucional) que vivimos para lograr un acuerdo de mejora sobre lo que sí falla en específico: la desprotección social. Bisturí, y no martillo, aplicado a las políticas sociales. Ordenar, racionalizar, hacer más eficiente el uso de los recursos (Iván Alonso demostró que la inversión social sí aumentó significativamente). La empresa privada debería ser la más interesada en esto. Si no nos podemos poner de acuerdo en un sistema que impida que nuestros compatriotas mueran masivamente, ¿de qué sirven los demás consensos?