¿El cambio climático y sus consecuencias en el Perú han dejado de ser un riesgo? ¡Definitivamente no! Son las crisis en los ámbitos político, económico y social las que desvían nuestra atención de estos problemas y sus efectos inevitables. Además, la incapacidad de las instituciones para responder adecuadamente a las demandas de la sociedad impide resolver estos desafíos; así, el cambio climático sigue siendo una amenaza crítica que requiere nuestra atención urgente.
La región de América Latina y el Caribe es una de las más vulnerables del mundo a los efectos nocivos del cambio climático, y Perú destaca por exhibir siete de las nueve características de vulnerabilidad reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 1) zonas costeras bajas, 2) zonas áridas y semiáridas, 3) zonas expuestas a inundaciones y sequías, 4) ecosistemas montañosos frágiles, 5) zonas propensas a desastres, 6) zonas con alta contaminación atmosférica urbana y 7) una economía dependiente de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles. Con ello, es evidente que nuestros ecosistemas y las poblaciones que dependen de ellos son extremadamente frágiles.
¿Podemos entonces reducir progresivamente los efectos nocivos del aumento de las temperaturas promedio, las sequías prolongadas, el deshielo de los glaciares con el consecuente aumento del nivel del mar o la fragilidad de nuestra biodiversidad? Sí. Pero tenemos que trabajar seria y sostenidamente. Recordemos que, en marzo de 2023, nos sorprendió el ciclón Yaku, con sus intensas lluvias, inundaciones y huaicos, afectando seriamente las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, Lima y otras.
Esta realidad nos obliga a diseñar e implementar políticas públicas transversales adecuadamente financiadas. Estudios recientes sobre el gasto público en cambio climático en el Perú estiman que en 2023 el gasto ascendió a más de 12 mil millones de soles, equivalentes al 1.2% del PBI y al 5.5% del presupuesto público total de ese año. Aunque la tendencia del presupuesto es creciente y existen avances en el desarrollo normativo e instrumentos de gestión, también se observan importantes áreas de mejora para cumplir con nuestros compromisos climáticos y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
Por ejemplo, un instrumento esencial, aún pendiente, es la Estrategia de Financiamiento Climático, que permitiría mejorar la planificación financiera y definir mecanismos de monitoreo sobre la cobertura y calidad de dicho gasto, lo cual es crucial.
Si bien no hay estudios detallados sobre la efectividad del gasto público ambiental, parece que enfrentamos problemas similares al gasto público. Esto se debe, en primer lugar, a la falta de una administración pública calificada y meritocrática, normas y procedimientos engorrosos, gestión ineficiente de los presupuestos, y medidas improvisadas, como la creación de un ministerio de infraestructura sin estudios previos completos ni discusión adecuada, que suelen ser avasalladas por un discurso político populista. Además, la baja ejecución presupuestaria es preocupante: a julio último, solo el 38% de las inversiones programadas se habían ejecutado.
En segundo lugar, la efectividad del gasto público es cuestionable. De lo que se gasta, no todo se gasta bien; una parte significativa se pierde por corrupción e ineficiencia. Por último, de aquello que se gasta correctamente en términos legales, solo una parte consigue resultados efectivos. Esto, a menudo, se debe a problemas en el diseño de las políticas públicas y a las significativas limitaciones en la capacidad de coordinación intergubernamental, intersectorial, interinstitucional y multiactor con que se despliegan dichas políticas.
¿Qué hacer entonces? Una medida específica que el gobierno debería tomar prontamente es implementar un proceso de presupuestación verde, que ponga en operación procedimientos e instrumentos presupuestarios apropiados para la transversalización de la problemática del cambio climático en la acción estatal. Y eso pasa por evaluar el impacto climático y ambiental de las políticas presupuestarias y fiscales, y alinearlas con los compromisos nacionales e internacionales asumidos.
Este tipo de presupuestación implica incidir en todo el ciclo presupuestario, lo cual es fundamental en el ciclo de las políticas públicas. En la región, solo cinco países aplican presupuestación verde (Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana). En cambio, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que aspiramos ingresar, 24 de los 36 países encuestados ya lo hacen.
No inventemos la pólvora: aprendamos, adaptemos y mejoremos las buenas prácticas, y sobre todo tengamos la valentía y la convicción de hacer los cambios institucionales que nuestro país necesita ante el riesgo de ver afectados nuestro ambiente y sociedad.
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