La inclusión financiera es fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. Garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico, tengan acceso a servicios financieros formales de calidad es crucial para reducir la pobreza, fomentar la igualdad de oportunidades y promover el crecimiento económico sostenible. Para que esto exista, el sistema financiero tiene que invertir, lo cual requiere recursos privados. Y este rol inclusivo que viene desarrollando la banca privada de forma extraordinaria puede verse perjudicado por medidas populistas de algunos congresistas e impactar sobre el bienestar de millones de peruanos vulnerables.
El Congreso aprobó en abril, en primera votación, un proyecto que busca eliminar las comisiones por servicios de transferencia interbancaria. A simple vista, podría parecer un avance hacia la justicia financiera, al reducir los costos que las personas enfrentan al mover su dinero entre bancos. No obstante, una evaluación más detallada muestra que puede representar un duro golpe a la inclusión financiera y, de ser aprobada en segunda votación, podría desencadenar una serie de consecuencias adversas para los peruanos.
Las transferencias interbancarias por montos pequeños, de hasta S/500, ya son gratuitas en el Perú. Además, las billeteras digitales permiten realizar transacciones diarias de hasta S/2,000 sin costo. Entonces, ¿quiénes se benefician realmente con la eliminación de estas comisiones? Solo un pequeño porcentaje de las transferencias supera los S/500, lo que sugiere que la propuesta está diseñada para beneficiar a un segmento reducido que maneja grandes sumas de dinero. En otras palabras, una ley que solo traerá exclusión.
Las transferencias interbancarias requieren de inversiones significativas en tecnología para ciberseguridad y el mantenimiento de personal especializado. Si el Congreso prohíbe que los usuarios paguen por el servicio, los bancos no tendrán más opción que trasladar esos costos a otros servicios financieros. En la práctica, esto significa que todos los clientes bancarios, incluso aquellos que no realizan transferencias, terminarán cubriendo estos costos. En un escenario extremo, algunos bancos podrían dejar de ofrecer este servicio, especialmente aquellos más pequeños que no tienen la capacidad para absorber las pérdidas. Esto no solo desincentivaría la digitalización financiera, sino que fomentaría el uso de efectivo, un retroceso significativo en el avance de la inclusión financiera en el país. Las entidades técnicas, como el BCR y la SBS ya han manifestado su oposición a esta medida.
Es momento de que nuestros legisladores comprendan que medidas como esta, lejos de beneficiar a la mayoría, solo crean nuevos obstáculos en el camino hacia una verdadera inclusión financiera. Se requiere reflexión del Congreso para evitar que en segunda votación se terminen cerrando las puertas al progreso de millones de peruanos.
