Incoherencia política: Con Castillo, sí, con Boluarte, no

La incoherencia de los políticos tuvo un ejemplo claro esta semana cuando varios medios evidenciaron que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sí defendía que se podía investigar al presidente de la República durante el gobierno de Pedro Castillo, pero siendo hoy ministro de la presidenta Dina Boluarte cambia su argumentación.

Así, en la época del expresidente, el actual premier defendía que “la Constitución no dice en ningún momento que el presidente no pueda ser investigado”, y que los presidentes deben ser los primeros en someterse a la justicia y que tratar de eludir las investigaciones fiscales es imprudente. Sin embargo, hoy sostiene que investigar sin poder acusar sería “más o menos bobo” y que “el artículo 117 es una coraza constitucional con el propósito de que la presidenta de la República no esté limitada en sus funciones  presidenciales”. Curioso cómo cambia de justificación según la posición en la que se encuentra. Claro, como ahora es premier y está en el poder se olvidó del principio fundamental de un Estado de derecho que pregonaba antes: que todos, incluido el presidente o presidenta de turno, están sometidos a ley y a la justicia. Una clase maestra de la incongruencia de la clase política y de qué es lo que pasa cuando los políticos llegan al poder. Preciso para recordar que el poder tiende a ser ilimitado y, por tanto, es necesario limitarlo a través del Estado de derecho.

En este sentido, si seguimos revisando prácticas de este Gobierno veremos que se asemejan a las que se aducían para señalar la incapacidad moral de Castillo y que en esa oportunidad sí indignaban a ciertos sectores políticos. Empecemos: Boluarte lleva más de 50 días sin declarar a la prensa; buena parte de sus ministros actúan como sus escuderos y no como funcionarios públicos al servicio del Estado; Boluarte tiene cuestionamientos por intervenir las instituciones; también tiene un familiar investigado por hechos graves; ella y sus ministros minimizan las investigaciones y buscan descalificarlas como persecución sistemática; presentan medidas dilatorias y malas prácticas para evadir la justicia; también la mandataria ha mentido públicamente a la ciudadanía; se registran actos de maltrato a la prensa como encerrar periodistas para impedir que accedan a entrevistarla; y también ha sido denunciada constitucionalmente ante el Congreso por el caso Rolex por la Fiscalía de la Nación, según la cual presuntamente habría recibido dádivas del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores para proyectos de inversión pública que dependen de su cargo en el Ejecutivo. Que solo 5% apruebe su gobierno se lo ha ganado a pulso.

Es evidente que Boluarte estaría incurriendo en varias prácticas que serían autoritarias y que la clase política en el poder y la crítica en el debate público no le perdonaron a Castillo, pero sí le están pasando por alto a ella, sobre todo la derecha de redes y la del Congreso; y alertar esto no es para defender al expresidente golpista, sino para llamar la atención sobre la incongruencia de principios en los políticos que también es parte del problema de nuestra frágil institucionalidad.

Los que defendían que se podía investigar a Castillo hoy se oponen a investigar a Boluarte. Si fueran congruentes, ante la denuncia constitucional el Congreso debería tener la misma indignación que tuvo con Castillo, y recordar que llegaron a destituir e inhabilitar a una fiscal de la Nación porque suspendió la investigación al presidente anterior. Sin embargo, es probable que hagan tábula rasa del precedente y malabares argumentativos para justificar a Boluarte, como el actual premier. La incoherencia política será el penoso espectáculo de los próximos días.