Información para una buena decisión

Sin seguridad jurídica no hay estado de derecho, sin respeto a la ley el contrato social no tiene sentido, la capacidad de hacer cumplir la ley es la cara visible del poder, cuando esto no funciona se siembra el caos y volvemos al linchamiento, al ojo por ojo, a la venganza privada.

Lamentablemente, por décadas hemos convivido con la impunidad y con la corrupción, síntomas evidentes de una fragilidad institucional en lo político y en lo jurídico. La certeza más o menos razonable de cual será la conducta de los poderes públicos y de las personas al desenvolvernos dentro del cauce de la ley, que definen, según el Tribunal Constitucional la seguridad jurídica, no ha funcionado.

La madre no sabe si después de tres años de juicio finalmente el padre pasará la pensión de alimentos o si usará la cuenta y nombre de otro para cobrar su sueldo en un trabajo seguramente informal y aparecerá en registros públicos sin bienes o activos a su nombre porque usa testaferros y no pasa nada.

La dueña de una casita comprada a pulso tendrá que suplicar al inquilino que le devuelva la casa aunque no pague un sol pero que no la haga sufrir el calvario y costo de un juicio. Nadie quiere ir a juicio porque pocos confían en el sistema y claramente se necesita y reclama menos papel y más justicia.

El trabajador tendrá que quejarse en su casa y entre sus amigos porque no hay manera que pueda sostener un juicio laboral sin trabajar, que además es contra el estado, que es el gran empleador y lamentablemente el gran explotador.

Las personas de tercera edad seguirán sus juicios eternos por la 19990 o la que sea para que la ONP gaste en estudios de abogados expertos en dilatar tanto que parece que solo esperan la muerte del pensionista.

Eso es el Perú y ese nuestro sistema de justicia. No se trata de los presos “emblemáticos” ni de sinvergüenzas como los “Cuellos blancos”, se trata de la vida, del día a día, de los sueños robados, de la frustración y de la impotencia.

Hay, sin embargo, jueces, fiscales, abogados de la defensa pública, funcionarios del INPE, del Ministerio de Justicia, de la Academia de la Magistratura y hoy de la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional que sí creen en la justicia y tratan de que las cosas funcionen, pero nada será posible si no hacemos una ruta que sea recorrida por todos, sin importar que cambie el gobierno nacional o el de cada institución, que trabajen juntos y decidan juntos, que lo hagan de manera coordinada, no en compartimientos estancos sino con información que centralicen y que facilite la toma de decisiones.

Esos son los retos que debemos afrontar en este momento, coordinación entre los miembros del sistema, interoperabilidad y que la información esté centralizada para que nos permita saber cuántos juicios hay en todo el Perú, que carga procesal existe en cada corte superior y en cada juzgado de paz, en el Ministerio Publico, en la defensa pública; si no hay información no se pueden asignar recursos, fijar metas, tener indicadores. Urge que se toman decisiones en ese sentido para que la reforma sea posible.

Tenemos que fijar los puntos mínimos. Que los acuerdos demuestren que la política es servicio y que los políticos estamos claros en que nuestro deber es atender y resolver las demandas de los peruanos, tenemos que invertir en justicia; eso se convertirá en desarrollo, confianza, seguridad y libertad.