Uno de los aspectos que va a ser central en cualquier proyecto político que tenga interés en el próximo proceso electoral es cómo resolverá la inseguridad ciudadana. La desidia se respira en las calles y la ineficiencia de las autoridades es desesperanzadora. Incluso distritos que se consideraban seguros han dejado de serlo, como Miraflores que hoy figura en la lista de los seis con más denuncias en los últimos años, con un crecimiento porcentual del 321.6 % desde 2021 (Infobae y El Comercio basado en INEI).
Según las estadísticas de Seguridad ciudadana del INEI (enero-junio 2024), el 27.7% de la población de 15 y más años de edad, a nivel nacional urbano, fue víctima de algún hecho delictivo; en comparación con las estadísticas similares del mismo semestre del 2022, esta cifra aumentó en 5.1 y 0.6 puntos respecto de 2023. El mismo reporte da cuenta de que el principal motivo para no denunciar algún hecho delictivo es que lo consideran “una pérdida de tiempo” (40.9%). Esto tiene bastante sentido también, a mi criterio, con la burocracia que significa denunciar en un Estado con instancias bastante ineficientes e indiferentes con este tema.
También se reporta que el 86.1% de la población del área urbana a nivel nacional percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad; comparándola con el semestre similar de 2023 esta cifra aumentó en 3.5 porcentuales. Los principales hechos delictivos de los que la población percibe que puede ser víctima son: robo de dinero, cartera, celular (76.3%) y robo a su vivienda (64.7%), seguidos de la estafa con un porcentaje importante de 47.5%, y un 41.7% considera las amenazas e intimidaciones. Y los departamentos con mayor porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo son Puno (38.4%), Cusco (36.7%), Arequipa (36.4%), Junín (36.2%) y Tacna (33.7%).
Es relevante apreciar también el Barómetro de Seguridad (octubre 2023 – enero 2024) de Verisure, una empresa privada de seguridad, y que reúne también información a partir de las emergencias registradas en los hogares y negocios monitoreados por ella misma. Es interesante la iniciativa que, además, muestra que el sector privado también puede contribuir en proveer información para resolver los problemas de seguridad. Según este, el Perú es uno de los países donde existe mayor preocupación por la seguridad en el hogar junto con Chile, Italia, Argentina y Francia. También recoge que un 81% se siente inseguro cuando sale a la calle en Lima y un 73% en el interior. Explican que en 2024, la percepción de inseguridad es mayor en la macrorregión norte y que en 2023, aumentó la demanda del sistema monitoreado de sus alarmas en 91% más, comparado a 2022. Otro aspecto que revela es que durante el último trimestre de 2023, los robos en negocios tuvieron un incremento sostenido y representaron el porcentaje más alto entre los saltos de alarma en su sistema para este sector.
Finalmente, la información privada y pública que documenta el problema de seguridad que tenemos, existe. En los medios se ven algunos despliegues y explicaciones de las autoridades, más para las cámaras, pero lo cierto es que la calle y la percepción hablan por sí mismas. Justo un día después de que en Sullana ciudadanos reclamaron a la presidenta Dina Boluarte por el incremento de la criminalidad, dos ingenieros y una topógrafa fueron asesinados y la hipótesis de las investigaciones apuntarían a que se trataría de sicariato por extorsión por cupos en la construcción de obras. En medio del dolor, la misma ciudad se movilizó en una marcha para decirle basta a la delincuencia y basta a la incapacidad del Estado, pero Boluarte y su gobierno no son capaces de abordar ni siquiera comunicacionalmente, ni mucho menos con empatía, esta crisis de seguid ad que afronta el país. Mientras el país siente miedo y algunas ciudades del país se desangran con la inseguridad ciudadana, la indiferencia gobierna.
