Irritados y ofendidos

Los detractores del trabajo que realiza la Fiscalía Anticorrupción sostienen, con suma ligereza, que el acuerdo firmado entre la Procuraduría, el equipo fiscal especial para el caso Lava Jato y la constructora Odebrecht resultó un fiasco. Se basan en que, gracias a un periodista ecuatoriano que recibió un USB con información que la constructora intentó borrar y que implica sobornos pagados por obras que Odebrecht no quería reconocer, se comprobó que por el Gasoducto pagaron a la administración Humala Heredia, por lo menos, 3 millones de dólares. Y que habrían pagado sobornos en otras cuatro obras más.

Motivados por una inquina asombrosa, estos opositores sostienen que la nueva revelación se trae el acuerdo por los suelos; pretenden que los ciudadanos olvidemos que gracias a ese acuerdo se abrió la posibilidad de cerrar otro con la constructora OAS y que gracias a ambos acuerdos la justicia peruana tendrá las pruebas necesarias para procesar a Alejandro Toledo, Eliane Karp, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Luis Nava, Jorge Cuba, Luis Castañeda Lossio y una larga lista de políticos y funcionarios que recibieron sobornos en perjuicio de los intereses del país.

Ninguno de ellos, dice, sin embargo, que los acuerdos son abiertos y progresivos, que las nuevas pistas conllevan nuevos interrogatorios. Y que para que un acuerdo sea válido, el reconocimiento de la culpabilidad debe ser voluntario, por lo que la Fiscalía no podía obligar a Barata a aceptar el pago de coimas que él no quería reconocer.

La justicia avanza usando las herramientas que tiene a la mano. Las declaraciones voluntarias que se han obtenido deben llegar acompañadas de pruebas documentarias de todo lo dicho, pero en paralelo están los sistemas Drousys y My Web Day, que Odebrecht usaba para llevar la contabilidad y el registro de las coimas y los coimeados. La nueva información proviene de parte de esos sistemas, la constructora trató de borrarla, pero fracasó. Un funcionario de su oficina de sobornos guardó la información y luego la filtró.

Apenas Odebrecht se enteró de que los datos que intentó desaparecer, los que implican obras negadas en varios países, estaban en poder de la prensa, quiso reparar daños. Y hace tres semanas, le entregó al equipo especial Lava Jato de Perú la información concerniente a nuestro país y sigue entregando más información en estos días.

Nadie presumía que una empresa corruptora iba a proceder limpiamente, pero las pruebas para juzgar de manera efectiva la corrupción están en sus manos y la Fiscalía tenía que encontrar la manera de procesar a los peruanos que quisieron enriquecerse a costa de las necesidades del país. Si el acuerdo de colaboración fracasaba, los testimonios y los documentos para procesar a esos delincuentes no serían parte del proceso. ¿Quiénes se beneficiarían con eso? Ahí está la clave para entender los renovados ataques al acuerdo y a los fiscales del caso Lava Jato.

El acuerdo es y seguirá siendo positivo para el Perú. Odebrecht está en desgracia, intentará salvar lo que pueda. Pero la Fiscalía Anticorrupción hace su trabajo eficientemente y el caso Gasoducto se investiga desde inicios de 2016.

El 9 de marzo de ese año, nueve meses antes de que se descubriera la existencia de una oficina de sobornos creada por Odebrecht y el archivo My Web Day, escribí en mi columna de entonces en El Comercio: “En la agenda de Marcelo Odebrecht, donde aparece la anotación OH, 3 millones, aparece también, en el renglón inmediatamente anterior, la anotación GSP. ¿Acaso Marcelo Odebrecht anotó que debía hablar con OH sobre el consorcio Gasoducto Sur Peruano?”. Entonces, el periodista Óscar Quispe y quien escribe estas líneas investigábamos la ruta que había usado la administración Humala Heredia para descalificar al consorcio GSP de la licitación para el Gasoducto y dejar a Odebrecht como único postor.

El 6 de noviembre del mismo año, denunciamos los signos exteriores de riqueza del funcionario de Proinversión Edgard Ramírez Cadenillas, quien, colocado en el comité del órgano promotor por disposición de Jorge Barata, se ocupó de la descalificación. Para luego comprar propiedades por 1.2 millones de dólares inmediatamente después de otorgada la buena pro.

Ese mismo año, 2016, la Segunda Fiscalía Anticorrupción, sobre la base de las declaraciones de un colaborador eficaz peruano y debidamente codificado, y de los hallazgos de la prensa, pasó de la investigación preliminar a la investigación efectiva en el caso Gasoducto. En 2017, el fiscal a cargo, Reynaldo Abia, denunció a Ramírez y a otros funcionarios de Proinversión que otorgaron la obra a Odebrecht como postor único. El caso está en proceso en el Poder Judicial.

El equipo especial y la Fiscalía Anticorrupción han roto el techo, no bastaba con ser honestos, había que ser valientes para enfrentar al poder político y al poder económico. En adelante, no hay intocables en el Perú. Eso irrita demasiado.