Fujimori y un pedido absurdo

La prisión de Alberto Fujimori es noticia nuevamente. Su familia presentó un hábeas corpus para liberarlo. Aprovechando la atención sobre las cárceles, se alega que él también está bajo riesgo elevado de contagio debido a su edad y salud. Correctamente, la jueza Adriana Zulueta lo ha rechazado de plano. Hay dos obstáculos insalvables.

Fujimori es parte de una minoría que goza de buenas condiciones carcelarias. De hecho, es el preso mejor atendido del país. Se encuentra en un penal no hacinado (interno único) cuyas instalaciones permiten observar los cuidados que la pandemia exige. Así, pese a ser población vulnerable, su riesgo es reducido.

Fujimori cumple una condena por crímenes graves. Se trata de los delitos de homicidio, lesiones y secuestro perpetrados en los casos Barrios Altos, La Cantuta, Dyer y Gorriti. Las decisiones ejemplares del juez Hugo Núñez y la sala de Miluska Cano que inaplicaron el indulto y la gracia tramposa que le dio PPK dejaron una enseñanza: el Estado está obligado a sancionar afectaciones graves y las víctimas tienen derecho a que las penas se ejecuten. Antes que liberarlo, se debe buscar medidas alternativas que velen por su salud, derecho que ningún interno pierde.

El pedido de la familia Fujimori, humanamente comprensible pero jurídicamente absurdo, permite ilustrar que no todos los presos están en la misma situación. La cárcel peruana reproduce y exacerba desigualdades. Esta semana el Congreso debería aprobar la norma urgente que descongestione las prisiones hacinadas y proteja la salud de la mayoría anónima de internos sin acceso a la justicia. Quienes tienen buenas condiciones carcelarias o están procesados/condenados por delitos graves no deben ser liberados. Indirectamente se beneficiarán al dejar las cárceles de ser incubadoras del virus.