[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: ¿Suspender la ratificación de magistrados?

A nadie le gusta ser evaluado. Pasa con los maestros y pasa con los jueces y fiscales. Pero las evaluaciones son la herramienta que encontró el constituyente para garantizar meritocracia e idoneidad. En el caso de los magistrados, parte de las evaluaciones se llaman ratificaciones, están a cargo de la Junta Nacional de Justicia y deben hacerse cada siete años. Un comunicado de la Corte Suprema equivocadamente pide suspenderlas.

La solicitud supuestamente se basa en la reciente sentencia de la Corte IDH del caso Cuya Lavy vs. Perú. Pero el mandato de suspensión no figura por ningún lado.

El caso fue sobre cuatro exmagistrados destituidos por el CNM sin mayor explicación a comienzos del 2000. Así de mal se hacían las evaluaciones en esa época. La Corte, como no podía ser de otra forma, señaló que se violaron los derechos de defensa y a una debida motivación. Pero rechazó que las ratificaciones afectaran por sí mismas la independencia judicial. Lo importante es cómo se realizan. Conclusión similar a la del Tribunal Constitucional (STC N° 890/2021).

La orden para el Estado fue que toda ratificación debe seguir un debido procedimiento. Que no se debe impedir a los no ratificados postular a nuevos concursos. Y que todo esto debe lograrse legislativa, administrativa o judicialmente. Aquí viene el aspecto más importante de la sentencia.

La Corte encontró que se violó el derecho a la protección judicial de los cuatro exmagistrados. Durante años litigaron en el Poder Judicial reclamando la actuación arbitraria del CNM y ninguno de sus excolegas tuteló sus derechos. Esta penosa constatación debería llamar a los jueces a internalizar los principios interamericanos y a aplicarlos para garantizar derechos y evitarle al país condenas internacionales. No solo en casos de ratificaciones, sino, por ejemplo, reconociendo matrimonios igualitarios, garantizando la consulta previa de los pueblos indígenas, sin pasar por agua tibia casos de violencia de género, sin aplicar prisiones preventivas abusivas y sin condenar a periodistas y editores cuando un político inescrupuloso los querelle por cumplir su labor de investigar al poder. Todos estos supuestos tienen estándares interamericanos claros que son muchas veces ignorados por la judicatura.

No hay motivo para suspender las ratificaciones. Corresponde que los magistrados rindan cuentas sobre cómo ejercieron el poder que se les confió.