Prisiones: no hay alternativa

“Estamos ante la inminencia de una hecatombe y los Estados que permitiesen la muerte de miles de personas en sus prisiones superpobladas serían responsables internacionalmente”. El juez Zaffaroni de la Corte IDH sintetiza la situación generada por la pandemia para la revista La Tecla Eñe. Con una decena de motines y cinco fallecidos (dos trabajadores del INPE), el gobierno parece estar saliendo del letargo. El ministro de Justicia anunció en Cuarto poder la descongestión de cárceles vía la comisión de gracias presidenciales.

Es para saludar. Décadas de populismo penal han producido cárceles infrahumanas hacinadas. Donde solo hay capacidad para 40 mil, tenemos 97 mil personas entre condenados (64%) y procesados (36%). Un foco infeccioso para toda la sociedad. Llegar al número ideal es imposible, pero el plan debiese fijar una meta intermedia que controle el riesgo. También transparencia y criterios claros para no liberar presos peligrosos.

Un aspecto ausente es la situación de los procesados. Los indultos y conmutaciones no los alcanzan. Se ha invocado al Poder Judicial a analizar caso por caso si corresponde variar la prisión preventiva por otras medidas menos restrictivas. Pero los jueces no revisan nada de oficio. Sin un marco legal especial que obligue a la revisión, los respalde y brinde pautas claras, no se logrará el objetivo. Peor aún: se afectará la igualdad. Solo los internos con recursos lograrán solicitarlo y sin resultado uniforme. El Ejecutivo debiese usar sus facultades legislativas.

Las cárceles se van a descongestionar. No hay otro resultado posible. La “opción” del gobierno está en los medios. Por las buenas, vía una política bien diseñada; o por las malas, con fugas, liberaciones tumultuarias sin control o muertes masivas. El camino es claro.