Mientras la criminalidad somete a la sociedad a un estado permanente de incertidumbre y terror, el Gobierno se encuentra en estado catatónico, adolece de una parálisis general, sin capacidad de respuesta, con alteraciones en la conciencia, el afecto y el pensamiento; en tanto, la gente es victimada impunemente, bajo la mirada aleve de las autoridades. La inacción representa complicidad; pues, se peca por acción u omisión.
Según INEI, más del 30% de las empresas peruanas reportaron haber sido víctimas de algún delito, y miles han salido del mercado como consecuencia de la extorsión y latrocinio, con graves consecuencias para la economía. El Banco Mundial señala en un informe que la falta de un entorno seguro para hacer negocios, desincentiva la inversión extranjera y reduce las oportunidades de empleo a largo plazo. En sectores clave como el comercio minorista y la logística, las pérdidas por robo, extorsión y vandalismo generan un encarecimiento de productos y servicios que afectan tanto a empresas como a consumidores.
El Perú prácticamente está secuestrado por la delincuencia, existen zonas inexpugnables y literalmente “liberadas”, el transporte público sometido al pago de cupos. Conforme da cuenta un reciente informe periodístico, en las últimas semanas se han cometido 25 atentados contra 11 empresas dedicadas al transporte en nueve distritos, dejando aterrados a 350 mil pasajeros.
La situación que estamos viviendo es de extrema gravedad, la criminalidad ha hecho metástasis. El problema que estamos atravesando exige respuestas categóricas con sentido de urgencia. Debemos llamar a las cosas por su nombre, asedia al país una nueva forma de terrorismo, que no responde a una estructura mesiánica con un líder totémico; el nuevo monstruo, tiene mil cabezas, por lo tanto, debe ser combatido con las armas que correspondan, “no se puede curar el cáncer con un paracetamol”; a guisa de este gobierno y del bufonesco ministro del Interior, se creará un grupo especial de la PNP para enfrentar las extorsiones y se pondrá efectivos policiales en las unidades de transporte, lo cual suena irónico, pero a este ritmo tendría que dotarse de un custodio a cada ciudadano.
¡Estamos en guerra! Las autoridades deben tomar el toro por las astas y eso pasa por poner en actividad el Consejo de Estado que reúne a las más altas autoridades de los poderes públicos, atribuyéndole extraordinariamente carácter vinculante para abordar en su magnitud, la lucha contra la criminalidad y la defensa de la institucionalidad. En nuestro concepto, las medidas pasan por caracterizar a las hordas criminales como terroristas, declarar el estado de excepción, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, castigar la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y otros delitos de lesa humanidad con cadena perpetua, construir cárceles para confinar a los delincuentes.
Seguramente, juzgaran que es un remedo del “MODELO BUKELE”, no interesa como se llame, lo importante es que funcione. Hago propósito de fe, estuve en El Salvador, antes y después de Bukele, y hoy se respira paz y sosiego, eso no tiene precio. El Estado existe para promover el bienestar de los ciudadanos y no para defender a los criminales.
