En el mundo paralelo y alucinante de “la justicia a la peruana”, dos jueces programaron el inicio de un juicio oral por tocamientos indebidos para 2037, sí, han leído bien: ¡2037! y aún estamos en 2024. Trece años para iniciar un proceso. Parece una broma, un experimento social, quizá un error de escritura, sin embargo, es un hecho real que pone en evidencia el nivel de escandalosa lentitud de nuestro sistema judicial.
En trece años habrá nuevos gobiernos, alguna nueva guerra, desastres naturales y robots capaces de realizar con prontitud el trabajo que los magistrados Marco Tipiani, Carlos Vásquez y Amstrom Delgado del Juzgado Penal Supraprovincial de Tarapoto prometen iniciar recién dentro de trece años, bajo el argumento de “la excesiva carga procesal”.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, justifica la dilación como un hecho aislado. La realidad lo desmiente: más del 40% de los casos penales llevan al menos tres años en trámite. La excesiva demora judicial somete a condenas adicionales tanto a quienes buscan justicia como a los acusados.
Se ha normalizado que los juicios tarden como mínimo cuatro años. Solo para que tengan una idea, el juicio más ruidoso por estos días es el de Keiko Fujimori por el caso Cocteles. Empezó en 2014, la investigación se formalizó hace cinco años y hay abogados que estiman que el juicio tardará entre seis y doce años. La investigada ya estuvo tres veces en prisión preventiva y tan solo el trámite judicial en su contra, sin condena, tardará alrededor de quince años.
A pesar del “Plan de descarga judicial” que amplía los módulos y órganos jurisdiccionales a nivel nacional, lo cierto es que los procesos sin avance se han incrementado. Según cifras del Poder Judicial, la carga procesal llega al 125% comparado con 2012 y, en proyección, serán casi cinco millones los casos pendientes y en trámite a 2028, es decir, más del 65% de lo que se registra en la actualidad. Entonces, la lentitud no es un hecho aislado como asegura el presidente del Poder Judicial.
Mientras los ciudadanos desesperan, existen otros que encuentran la salida para cerrar sus casos y librarse de sanciones. Con ironía, en pleno 28 de julio, se publicó la Ley 32104 que modifica la suspensión del plazo de prescripción. Significa que congresistas y políticos envueltos en casos delictivos podrán archivar sus procesos. Vía la prescripción se salvarán de la “sobrecarga procesal”. Lo grave es que su impunidad beneficia también a quienes pertenecen a organizaciones criminales dedicadas a extorsiones, secuestros o asaltos que también sacarán provecho porque sus procesos se encuentran pendientes de acusación fiscal o sentencia.
Lo concreto es que no existe justicia y, ahora, resulta que la lentitud favorece al delincuente. Al final, lo mismo da si es en 2024 o en 2037.
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